Los gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía, integrantes del Grupo de Lima, expresaron este martes su "profunda preocupación por la trágica muerte" del concejal venezolano Fernando Albán, del partido opositor Primero Justicia, ocurrida el lunes 8 de octubre.
Albán, de 56 años, se desempeñaba como presidente de la Comisión de Culto y Buen Vivir del Concejo Municipal de Libertador, Caracas. Y se encontraba detenido en la sede central del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), bajo custodia de las autoridades venezolanas desde el 5 de octubre pasado, cuando falleció en circunstancias aún no esclarecidas.
Ante esto, el Grupo de Lima lanzó un comunicado donde urge al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a "realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente, con aval internacional, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan".
Asimismo, refrendaron su "condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la persecución política y la existencia de presos políticos"; al tiempo que reiteraron su decisión de "seguir realizando todos los esfuerzos diplomáticos posibles dirigidos a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos, y a la plena vigencia del estado de derecho en Venezuela".
Albán regresó el pasado fin de semana a Venezuela, tras visitar a sus hijos en Estados Unidos, cuando fue detenido por funcionarios del SEBIN en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.
Tarek William Saab, fiscal general designado por la Constituyente de mayoría chavista, declaró que Albán, quien estaba siendo investigado por el presunto atentado con drones explosivos contra Maduro el pasado 4 de agosto, se suicidó tras solicitar "ir al baño y estando ahí se lanzó al vacío desde un piso 10".
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