“Si los números de la inflación realmente fueran del 25% o 26%, el país estallaría por los aires” (Cristina Fernández de Kirchner, 27 septiembre de 2012, Universidad de Georgetown, EEUU)
“Si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada” (Alberto Fernández, entrevista con Perfil publicada el sábado 2 de diciembre de 2023).
Con poco más de 11 años de diferencia, las palabras de los aún vicepresidente y presidente de la Nación tienen en común la negación de la realidad.
En el primer caso, para defender la falsificación deliberada de las estadísticas oficiales; en 2012, pudo estimarse después, la inflación fue del 23,9 por ciento.
En el segundo, para cuestionar datos del Indec sobre el primer semestre 2023, que ya quedaron viejos: días después de que Fernández rechazó que la tasa de pobreza en el país fuera del 40,1%, el Observatorio de Deuda Social de la UCA estimó que en el segundo semestre alcanzó el 44,7%; de cada mil argentinos, 447 son pobres, la mayor proporción desde la primera mitad de 2002, tras el caótico fin de la convertibilidad..
Peor aún: la más baja tasa de pobreza informada por el Indec en los últimos 4 años, el 36,5% del primer semestre de 2022, fue un punto porcentual superior al 35,5% del segundo semestre de 2019, situación que el gobierno ahora a punto de concluir caracterizaba como de “tierra arrasada”.
Durante la gestión de los Fernández, el principal vector de esa catástrofe social fue la aceleración de la tasa de inflación a dos dígitos porcentuales por mes.
En su primer año de gestión, signado por la crisis sanitaria de Covid-19, el Gobierno se ufanó de reducir la inflación del 53,8% de 2019 a 36,1% en 2020, atribuyéndolo a su supuesta pericia
Como puede apreciarse en la siguiente infografía, tras la dramática salida de la convertibilidad, la Argentina disfrutó algunos años de tasas de un dígito, por cierta “inercia” de estabilidad que no llegó a perderse con la salida del uno-a-uno entre el peso y el dólar. Ese activo, sin embargo, se perdió definitivamente en enero de 2007, cuando el gobierno de Néstor Kirchner empezó a falsear las cifras de inflación, práctica que su esposa continuó hasta 2015 inclusive.
Elaboraciones posteriores, en base al IPC San Luis y el IPC Congreso muestran que la inflación verdadera acumulada por período fue del 70% entre 2003 y 2007 (y 63% durante los 54 meses de mandato de Kirchner), subió a 122% en el primer gobierno de CFK y a 177% en el segundo, a 295% en el de Mauricio Macri y –si se toman los 4 años de 2020 a 2022, incluido diciembre– superará claramente el 1.000% bajo el mandato de Alberto Fernández.
La pandemia
En su primer año de gestión, signado por la crisis sanitaria de Covid-19, el Gobierno se ufanó de reducir la inflación del 53,8% de 2019 a 36,1% en 2020, atribuyéndolo a su supuesta pericia. Con la mayoría de la población confinada, el PBI cayó 10%, la demanda de dinero fue forzosamente alta y permitió absorber la expansión fiscal y monetaria en planes como el IFE y el ATP, para dotar de ingresos a sectores a los que se les impidió generarlos por sí mismos. Ese año, el precio internacional del petróleo llegó a ser negativo y la inflación mundial cayó de 3 a 1,5 por ciento.
En 2021, el Gobierno incurrió en una inexplicable mora en la compra y provisión de vacunas (en parte aprovechada por Uruguay para iniciar la aplicación de la Pfizer) que según estimaciones de Santiago Urbiztondo, economista de FIEL, en el primer semestre resultó en la no aplicación de 9 millones de vacunas que estaban disponibles pero no se contrataron que permitió que ocurrieran “entre 13.000 y 17.000 fallecimientos evitables”.
Ese año, la inflación volvió a superar el 50% anual, en 2022 rozó el 100% y en 2023 se acercará al 200%, según cual sea la diciembre, impulsada por la inercia, la huida del peso y el destape de precios “reprimidos”, como los combustibles, las tarifas públicas y el dólar oficial. El propio gobierno reconoció esa cuestión cuando durante la campaña usó la campaña del miedo para afirmar que la “tarifa Milei” y la “tarifa Bullrich” de los colectivos sería de $700 y la del tren de $1.100, en lo que va del mes los precios de los combustibles aumentaron hasta 30% y el sector los sigue considerando “atrasados” y la carne volvió a aumentar, al igual que la mayoría de los artículos de la canasta básica.
No era que antes no lo hubieran hecho. En los primeros 47 meses de gestión fernandista, según datos del Indec, el kilo de azúcar ya había aumentado 2.237%, el de papa 2.034%, el precio de la docena de huevos 1.395%, el del arroz 1.341% y el kilo de la carne picada común 1.126 por ciento.
Alberto Fernández llegó a decir -y repetir- que la inflación argentina fue culpa de la guerra ruso-ucraniana y que si se mira por cuánto se había multiplicado la tasa anual en, por caso, EEUU, aquí el factor era menor
Entre sus innúmeras excusas, Alberto Fernández llegó a decir –y repetir– que la inflación argentina fue culpa de la guerra ruso-ucraniana y que si se mira por cuánto se había multiplicado la tasa anual en, por caso, EEUU, aquí el factor era menor.
Ese burdo pretexto lo deja mal parado al comparar las últimas 5 gestiones presidenciales: la actual no solo fue la que más inflación acumuló; también la segunda que más multiplicó la tasa heredada hasta la de su último año en el poder; casi 4 veces, contra los casi 7 en que la multiplicó Néstor Kirchner.
El impuesto inflacionario
Así la inflación, el más regresivo de los impuestos, licuó cada vez más ferozmente los ingresos de la población en general y en especial de los sectores más vulnerables.
Una víctima propiciatoria fueron los jubilados. A valores actuales, calculados por Marcelo Capello y Laura Caullo, investigadores del Ieral de la Fundación Mediterránea, el poder adquisitivo de la jubilación mínima “sin bono” cayó de $161.211 en diciembre de 2019 a $123.267 en diciembre 2023, una pérdida del 15,6% e incluso “con bono” cayó de $166.034 a $155.677, un 3,9 por ciento.
El haber jubilatorio medio, siempre a precios de hoy, pasó de $248.123 en diciembre de 2019 a $195.732 en la actualidad, una pérdida de 12,6 por ciento.
La aceleración inflacionaria de 2023, calcularon Capello y Caullo, asumiendo una inflación del 12,5% en noviembre y de 17,5% en diciembre, hizo que el ingreso real promedio de los sectores informales cayera este año un brutal 26%, completando una pérdida de 40% en 4 años, mientras el de los trabajadores privados registrados cayó 7% y el de los empleados públicos 8 por ciento.
Con ese panorama de precios y de ingresos no sorprende que la tasa de pobreza tuviera la trayectoria que tuvo: de 35,5% de la población en la segunda mitad de 2019 hasta 42% durante la pandemia, para reducirse hasta principios de 2022 y volver a subir a medida que lo hacía la inflación, que la llevó hasta casi 45% según las más recientes mediciones de la UCA.
La creciente disfuncionalidad de la economía ya había hecho que hacia septiembre de 2011 la economía argentina se empezara a rezagar respecto del crecimiento de la población. Ese mes, previo a la reelección de Cristina Kirchner y en medio de muy favorables precios internacionales para el país, el PBI por habitante tocó el punto máximo en lo que va del siglo XXI: un índice de 152 puntos, partiendo de 100 en enero de 2003, según una elaboración de la Fundación Libertad y Progreso en base a los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) y de población del Indec.
Dos días después de la reelección de CFK se instauró un cepo que -salvo entre 2016 y fines de 2019- rigió con variadas reglas e intensidad y descalabró la economía argentina. La pandemia llevó ese valor a un mínimo de 99 en abril de 2020. Luego aumentó, con vaivenes, pero el valor de 136 de septiembre pasado (último disponible) está aún 11% por debajo del máximo de septiembre de 2011 e incluso 7% por debajo de los 146 puntos de noviembre de 2017, el máximo de la gestión macrista.
Detrás de la inflación hubo gasto y déficit fiscales desbordados financiados con emisión monetaria
Detrás de la inflación hubo gasto y déficit fiscales desbordados financiados con emisión monetaria.
El gasto primario fue justificadamente mayor en 2020, año inicial de la pandemia, en que -siempre a valores de diciembre de 2023- alcanzó a los 65 billones (millones de millones) de pesos, se mantuvo en $64,8 billones en 2021 y en $64,7 billones en 2022 y recién en 2023 se redujo a $60,7 billones. Esto es, cayó menos del 7% tres años después de la pandemia.
Pese a subas de tasas y creación de impuestos, la recaudación no aguantó el ritmo: el déficit fiscal total (incluidos intereses de deuda) fue del 8,4% del PBI en 2020 y se redujo al año siguiente, pero volvió a aumentar en 2022 y 2023.
El acuerdo con el FMI prevé un déficit primario del 1,9% del PBI en 2023. Pero hasta octubre el desequilibrio ya ascendía a 1,6% del PBI y teniendo en cuenta la estacionalidad de ingresos y egresos terminaría en 2,6% a fin de año. Los cambios de ingresos y egresos por los anuncios de reducción de impuestos y nuevas erogaciones aprobados antes de las elecciones (0,55% de egresos extra y 0,09% del PBI de pérdida de ingresos, el llamado “Plan Platita”), llevarían el déficit primario anual a 3,2%, que con intereses suma 5% del PBI, precisó Capello, vicepresidente del Ieral y especialista en temas fiscales.
La suma de los rojos fiscal acumulados de los 4 años (casi 21% del PBI) se financió mayormente con emisión del BCRA e impulsó no solo la inflación sino también el “pasivo remunerado” del Banco Central
La suma de los rojos acumulados de los 4 años (casi 21% del PBI) se financió mayormente con emisión, con aumento de la deuda indexada a la inflación y al dólar del Tesoro es impulsó no solo la inflación sino también el “pasivo remunerado” del Banco Central, que para absorber parte del exceso se endeudó hasta más de $24 billones colocando Leliqs y Pases de muy corto plazo a los bancos, a una tasa efectiva hoy del 253% anual. En la solvencia de esa deuda reposa buena parte del dinero de los depositantes del sistema bancario.
De ahí una endeblez que pone cualquier intento de reordenamiento en riesgo de hiperinflación.
“Las reservas brutas del BCRA se ubican a fin de gestión en USD 21.600 millones, su valor más bajo en 17 años, desde marzo de 2006. Las reservas internacionales netas por su parte son negativas en USD 10.500 millones, su menor valor histórico”, dijo a Infobae Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.
“En los primeros 10 meses del 2023 la balanza comercial fue deficitaria en USD 7.417 millones, lo que se sostuvo mediante la pérdida de reservas del BCRA. En comparación, en igual período de 2022 se había anotado un superávit de USD 4.461 millones”, completó Marí.
Gran parte del ahorro de los argentinos se canalizó a la compra de activos externos, entre ellos moneda extranjera (Marí)
En ese contexto, prosiguió el economista, “gran parte del ahorro de los argentinos se canalizó a la compra de activos externos, entre ellos moneda extranjera. Al segundo trimestre de 2023, la formación de activos externos (también llamada “fuga de capitales”) alcanzó a USD 424.000 millones, USD 27.300 millones y 7% más que en 2019″.
“El último año en que se registró una inflación anual de un dígito porcentual fue 2006; a partir de allí fue todo cuesta arriba. Para 2023 proyectamos que la inflación cierre por encima del 180% y que supere el 200% durante el primer semestre de 2024. Aunque hay que tener claro que esta suba de la inflación no será por la política monetaria del próximo gobierno, sino por sincerar la herencia del actual”, dijo Marí.
Generación de divisas
El aumento de las exportaciones y el regreso del superávit comercial jugarán a favor en 2024, pero no serán una cura mágica a la inflación y la devaluación: entre 2002 y 2023 la Argentina acumuló USD 170.000 millones de superávit comercial y casi 30% de ese excedente (USD 50.200 millones) se dio entre 2019 y 2022, con los resultados ya descriptos en materia de inflación, ingresos y pobreza.
De todos modos, superada la sequía, la recuperación de las exportaciones agroalimentarias y las menores importaciones y mayores exportaciones de energía permitirían en 2024 un superávit comercial de unos USD 25.000 millones, como para empezar a mejorar el funcionamiento del mercado cambiario y el pago de importaciones.
También ayudaría la expansión y el inicio de la producción de proyectos mineros en marcha, cuyo impacto sobre el empleo y la actividad locales y el ingreso de divisas en concepto de inversión directa serían anteriores y más importantes que el aumento de las exportaciones, más alejado en el tiempo y dependiente de precios altamente volátiles.
El nuevo gobierno también podría reperfilar la inserción internacional y depender menos del “crédito chino”, focalizado en financiar los déficits anuales con ese país, que desde 2008 a la fecha acumulan más de USD 85.000 millones.
El gobierno que se va deja una deuda del Tesoro equivalente a USD 420.000 millones (dato de la Secretaría de Finanzas al 31 de octubre), un stock de deuda comercial cercana a los USD 55.000 millones y el ya mencionado “pasivo remunerado” del BCRA de $24 billones (a $1.000 el dólar, otros USD 24.000 millones).
El entrante ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que recibirá “la peor herencia de la historia”. Por cierto, dijo Marí, “es mucho peor que en 2015; para evitar un estallido hiperinflacionario será imprescindible dar señales concretas desde el primer día de que está tomando medidas para cambiar de rumbo”.
El nuevo gobierno también podría reperfilar la inserción internacional y depender menos del “crédito chino”
Se necesitan reformas estructurales, concluyó el economista. “El ancla será el equilibrio fiscal, para aliviar la presión sobre la emisión y el endeudamiento. Y sobre eso reformar el esquema monetario-cambiario e ir hacia una unificación cambiaria, en lo posible capitalizando al BCRA, que hoy está quebrado”, precisó.
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