Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios requirió en junio casi $139.356 para cubrir sus gastos en luz, gas, agua y transporte. El gasto necesario aumentó 19% mensual solo en este mes por la quita de subvenciones en las tarifas que aplicó el Gobierno, además de un mayor consumo estacional, y acumuló un incremento de 365% en los primeros seis meses de Javier Milei.
A pesar de los ajustes que realizó en el inicio del año el equipo económico de Milei, encabezado por Luis Caputo, como parte de su hoja de ruta para alcanzar el equilibrio fiscal, los usuarios solo cubren el 40% del precio real de los servicios públicos y el 60% restante se encuentra subvencionado. Sin embargo, el costo representa el 16% de un salario mínimo promedio, casi el triple que en enero.
Los datos surgen del último informe publicado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet. La canasta de servicios del AMBA refleja el costo promedio de un hogar representativo que no tiene subsidio en energía y en agua pertenece al coeficiente zonal medio de CABA.
“En la desagregación por servicio se observa que el incremento más importante fue para el gas natural con un aumento del 1.117% respecto a diciembre de 2023 y es explicado tanto por el aumento de tarifas en abril y junio como por el consumo estacional en el pico invernal. A su vez, el gasto en transporte aumentó 410%, en agua 209% y en energía eléctrica 234%”, detallaron.
El trabajo contempla para junio un gasto de $41.504 en electricidad, $36.136 en gas natural, $20.631 en agua y $40.906 en transporte. Los ingresos requeridos para cubrir esas necesidades son $139.356 durante el mes, un 19% más que en mayo.
“El aumento del gasto en servicios públicos del 19% respecto de mayo se explica en el sector energético por 1) consumos más elevados de gas natural y energía eléctrica conforme transita el pico estacional de invierno; 2) por incrementos en el precio de la energía eléctrica y el gas natural a partir del 1° de junio; y 3) por la modificación de los bloques de consumo subsidiado en energía eléctrica y gas natural”, explicó el IIEP.
De todos modos, los usuarios solo cubren el 40% del costo “real” de los servicios, similar al promedio de los últimos seis meses (38%), y el 60% es subsidiado de alguna manera por el Estado nacional. De todos modos, la cobertura en le caso del agua es casi plena (94%) mientras que es del 22% en transporte y en las tarifas de energía hay una gran divergencia.
Es que los usuarios de los servicios de energía se encuentran divididos en tres categorías residenciales en base a los niveles de ingresos que perciben según el esquema de segmentación vigente desde 2022. Los de altos ingresos (N1) estaba contemplado que paguen más caro la energía. Los de ingresos bajos (N2) y los de ingresos medios (N3) tienen “bonificaciones en sus tarifas” pero con un tope de consumo.
Los últimos datos oficiales arrojan que los N1 son 5,3 millones, los N2 son 8 millones y los N3 son 2,7 millones. La categorización depende de los ingresos que percibe cada hogar respecto a la Canasta Básica Total (CBT) del Indec.
Un trabajo de las consultoras Economía y Energía y PxQ destacó los fuertes incrementos en las tarifas de energía que recibieron los hogares si se compara las boletas promedio actuales con las del último año, con mayor impacto los sectores de menores ingresos: “En el segmento residencial, los incrementos tarifarios en las tarifas medias de gas natural alcanzan un 406% anual para los hogares de altos ingresos (Nivel 1), 745% para los hogares de ingresos bajos (Nivel 2) y 544% en los hogares de ingresos medios (Nivel 3). Los aumentos en energía eléctrica en la región metropolitana de Buenos Aires se ubicarían en el 228% para los N1, en el 465% para los N2 y en un 378% para los N3″.
En cuanto al informe del IIEP, allí se consignó que la canasta total de servicios públicos del AMBA representó en junio un 16% del salario promedio estimado para el mes, a la vez que el peso más importante lo ocupa el gasto en energía con el 56% de los casi $140.000 necesarios.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a avanzar en nuevos aumentos en luz, gas, transporte y combustibles para alcanzar el objetivo de déficit cero, ante posibles retrasos o un eventual fracaso del paquete fiscal que impulsa el oficialismo en el Congreso.
Ese plan de contingencia fue explicitado por el equipo de Economía en el staff report que publicó el FMI tras la aprobación de la octava revisión del programa argentino. Los proyectos con los que Caputo espera no endurecer el ajuste que lleva adelante, aprobados en Diputados, tuvieron la semana pasada algunos traspiés en el Senado.
Del staff report se deprende que el Palacio de Hacienda ahora tiene previsto una reducción de los subsidios energéticos de al menos 0,7 puntos del PBI en 2024, de los cuales ya se habrían conseguido 0,5 puntos del PBI. El objetivo anual es 0,2 puntos mayor a la hoja de ruta inicial. El resultado estuvo explicado principalmente por precios internacionales de la energía más bajos, menores necesidades de importación por el funcionamiento del Gasoducto Néstor Kirchner y el diferimiento con un bono de la deuda que mantenía Cammesa con generadoras de electricidad y productoras de gas.
La consultora Economía y Energía, detalló que el gasto en subvenciones debería caer en 2024 el equivalente a USD 4.683 millones para alcanzar una reducción de 0,7 puntos del PBI y finalizar en USD 5.000 millones, es decir, 0,8 puntos del PBI. Según esos cálculos en 2023 la partida había sumado USD 9.683 millones, equivalentes a 1,5 puntos del PBI.
“Los próximos ajustes se esperan después de agosto”, dice el documento del Fondo.
En paralelo, Economía espera una reducción de los subsidios al transporte urbano de 0,1 puntos del PBI para 2024 cuando a principios de año proyectaba una caída de 0,2 puntos del PBI. Si bien la Secretaría de Transporte analiza los próximos aumentos, se mantiene suspendida la actualización por inflación que contempla la posibilidad de aumentos de hasta 71,9% según el acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec hasta mayo.
“También se están reduciendo las transferencias a la empresa estatal de agua (AySA), en línea con el aumento proyectado en las tarifas del agua según la nueva fórmula de indexación”, consignó el documento.
Otro de los rubros que puede tocar Caputo ante un eventual mal paso en el Congreso de su capítulo fiscal es el del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). En julio está prevista una actualización del tributo por inflación que implicaría un aumento de la nafta y el gasoil de al menos 18% en el precio final de los surtidores. El ministro analiza el mejor “timing” para aplicar el incremento y no se descarta aplicar un nuevo diferimiento, al igual que en abril y mayo.
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