España se ha convertido en uno de los países a nivel mundial que más ha avanzado en la defensa de los derechos de las personas LGTBI+ en los últimos 20 años. Ha sido posible gracias a la lucha del colectivo y a la aprobación de leyes como la del matrimonio igualitario en 2005, la de identidad de género de 2007 que permitió el cambio de nombre y sexo en documentos de identidad sin necesidad de operarse, y la más reciente ley trans, que avala la autodeterminación de género. Pero a pesar de los avances legislativos y sociales, la discriminación del colectivo persiste y una nueva amenaza “pone en peligro” los derechos conquistados: los pactos alcanzados entre PP y Vox tras las elecciones del 28 de mayo.
“Nos quieren fuera, nos quieren apartar y que volvamos a los armarios. No se trata de una amenaza, sino de hechos”, dice a Infobae España Eugenia Sangil, presidenta de Federación Estatal LGTBI+, que critica algunas de las decisiones tomadas por ayuntamientos pactados entre PP y Vox como la sustitución de las concejalías de Igualdad por las de Familia, “entendiendo por familia el concepto tradicional”, algo que ya ha ocurrido en Burgos, Valladolid, Toledo o Ciudad Real. Ambas formaciones también han acordado en algunos ayuntamientos quitar la bandera LGTBI de los lugares públicos.
El PP, además, ha presentado un recurso por la ley trans ante el Tribunal Constitucional que ha sido admitido a trámite, mientras que en la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso reformará la ley trans autonómica “porque de nuevo quiere patologizar la transexualidad”, sostiene la activista.
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“Ni un paso atrás”
Lejos de resignarse, las asociaciones LGTBI llaman a la movilización “no solo durante este mes del Orgullo, sino en las urnas”, aclara Sangil, que recuerda que España no es el único país que corre el riesgo de perder lo avanzado en materia de igualdad y de derechos LGBTI, pues “la ola reaccionaria existe a nivel global”.
Desde COGAM, el colectivo LGTBI de Madrid, destacan el trabajo que tantas entidades han realizado durante años en la lucha contra la discriminación, el aislamiento, la humillación y la violencia, al tiempo que confían en que no haya un retroceso. “Nos quieren excluir de la sociedad, pero no es posible, porque España en los últimos años ha construido una sociedad diversa, abierta y libre, y aquí vamos a seguir peleando para que no se dé ni un solo paso atrás en los derechos conquistados”, asegura Ronny de la Cruz, presidente de COGAM.
En este Orgullo especialmente reivindicativo por la proximidad de las elecciones generales del 23 de julio, ambas organizaciones recuerdan la importancia de salir a la calle este sábado a partir de las 19:00 horas en la manifestación de Madrid, que arrancará en la Estación de Atocha y pasará por el Paseo del Prado, Cibeles y Paseo de Recoletos.
Discursos de odio
Las organizaciones denuncian que desde que Vox entró en 2018 en el parlamento andaluz -primera vez que un partido de extrema derecha accedía desde 1979- “los discursos de odio se han radicalizado” en España y, a raíz de ello, “las agresiones contra el colectivo han ido en aumento”, aclara Sangil. Así lo refleja el último informe de la Federación Estatal LGTBI+ elaborado por 40dB, que indica que entre 283.000 y 325.000 personas LGTBI+ fueron víctimas de agresiones por motivo de su orientación o identidad sexual en los últimos cinco años.
De acuerdo a estos datos, la mayoría de las personas LGTBI que sufren formas de violencia o discriminación no denuncia, mientras que tan solo un 20% da ese paso. La desconfianza en las Fuerzas de Seguridad, la normalización de la violencia y la vergüenza son algunos de los motivos por los que muchas personas no se atreven a denunciar.
El informe también revela que, en los últimos cinco años, el 29% de las personas LGTBI+ ha sido acosada; el 27,5%, discriminada y el 8,6% ha sufrido al menos una agresión física o sexual. Son, además, las personas trans y las mujeres quienes sufren con mayor frecuencia este tipo de discriminación.
Esa tendencia alcista de los delitos de odio también la refleja el último informe del Ministerio del Interior, pues confirma que los ataques relacionados con la orientación sexual aumentaron un 67,6% en 2021. Según el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, ese año se produjeron 1.724 denuncias relacionadas con delitos de odio, casi un 6% más que en 2019 (2020 fue poco representativo por la pandemia).
Perfil del agresor
Según datos del Ministerio Fiscal, el perfil predominante tanto del autor como de la víctima en los delitos de odio -bien sea por razón de orientación sexual, identidad de género, raza o religión- coinciden en género, edad y nacionalidad: hombres españoles entre los 18 y 40 años, si bien “sus características socio económicas, familiares, culturales o laborales son muy variadas”. “En ocasiones hay autores que responden a perfiles extremistas, pero no son la mayoría”, indica a Infobae España Miguel Ángel Aguilar, el primer fiscal a nivel nacional contra los delitos de odio y discriminación que tomó posesión el pasado lunes.
Aguilar explica que la mayor parte de los hechos se cometen por “prejuicios o estereotipos” y asegura que el discurso de odio, difundido especialmente en redes sociales, “contribuye sin duda a la formación de esos prejuicios”.
El fiscal también recuerda que los delitos de odio “socavan la convivencia, atacan la diversidad y vulneran los derechos elementales de la persona y de los colectivos a los que pertenecen”. Suponen, en definitiva, “una transgresión inaceptable de derechos humanos”, por lo que “han de ser objeto de prevención por parte de los Poderes Públicos y de persecución por el Ministerio Fiscal”.
Uno de los países con mayor población LGTBI
Cabe recordar que este 2023 se cumplen 45 años desde que la homosexualidad dejó de ser delito en España y 33 años desde que la Organización Mundial de la Salud la retiró del listado de dolencias psiquiátricas. Y aunque aún queda mucho por avanzar, otra muestra de cómo ha cambiado España en las últimas décadas es que el país se sitúa como el segundo con mayor población LGTBI del mundo, según el último estudio de Ipsos Global Advisor.
El informe indica que alrededor de un 14% de la población se reconoce dentro de este colectivo, una cifra que supera la media del 9% de los 30 países analizados y solo es superado por Brasil, donde el 15% de su población se declara LGTBI.
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