El blanqueo aparece hoy como una seductora y acomodada oportunidad para declarar bienes no reportados al fisco con anterioridad, el “tapón fiscal” y un gobierno nacional que ideológicamente defiende la propiedad privada generan un ecosistema propicio a que el ciudadano se decida por regularizar sus activos.
El gobierno nacional se prepara para recibir ingresos frescos para reforzar sus arcas, y mejor aún en dólares, mientras agazapado y en lo oscuro acecha un peligro, algo viejo, algo cuyo poder es incluso más antiguo que la propia constitución, las provincias.
El neófito en estos temas suele pensar que una ley nacional no tiene límites en su poder, pero la nación solo puede legislar sobre impuestos nacionales, otorgar garantías y promesas solo en el ámbito que le fue delegado por las provincias, de aquí se colige que cualquier dispensa, amnistía o perdón que la nación otorgue por ley, solo operará dentro de la órbita nacional.
Las provincias tienen sus propios recursos tributarios, los cuales surgen de leyes provinciales, los tributos que se utilizan para obtener esos recursos no están limitados por normas nacionales y devienen del poder originario que las provincias retuvieron sin delegar a la nación, los códigos fiscales son el soporte legal de los mismos, y de sus textos no nace un perdón a obligaciones tributarias exoneradas por leyes nacionales.
El gobierno nacional se prepara para recibir ingresos frescos para reforzar sus arcas, y mejor aún en dólares
Para prosperar y no convertirse en una trampa fiscal, la regularización propuesta por el Gobierno debe ser acompañada por las provincias, si ello no ocurriera y éstas por el medio que fuera obtuvieran la información de quién llevo a cabo el blanqueo, quedarán facultadas a determinar de oficio las obligaciones provinciales omitidas que surgen de la exteriorización.
Muchas provincias no están en los mejores términos con el gobierno nacional, las transferencia se redujeron, la obra pública se paralizó, y han sufrido recortes que caldearon los ánimos en dicho ámbito.
El poder de daño del gobierno provincial sobre quien haya blanqueado comienza con retenciones sobre las acreditaciones bancarias para quienes usen una cuenta especial para regularizar su efectivo, siguiendo por incremento del perfil de riesgo fiscal, para culminar con determinaciones de ingresos brutos entre otros tributos, intereses, multas y eventualmente una denuncia penal.
Es imperante que el gobierno encare de modo enérgico la negociación con las provincias a efectos de obtener todas las adhesiones posibles y así dotar al blanqueo de mayor seguridad jurídica eliminando la contingencia de los tributos provinciales. Cada vez queda menos tiempo.
La regularización propuesta por el gobierno, para prosperar y no convertirse en una trampa fiscal, debe ser acompañada por las provincias
Muchas provincias no están en los mejores términos con el gobierno nacional, las transferencias se redujeron, la obra pública se paralizó, y han sufrido recortes que caldearon los ánimos en dicho ámbito.eo provincial que grava a quien supere el monto de USD 100.000 con una tasa que oscilará entre el 0,75 y el 1,25 por cientos. Para quien resida en la provincia el plan implicará un costo adicional al establecido por la nación, con adhesiones de este tipo se obtiene seguridad jurídica, pero torna cada vez menos atractivo al plan de regularización.
Otras provincias están negociando o redactando proyectos, pero no será completo el asesoramiento fiscal de quien no destaque entre los riesgos emergentes del blanqueo la falta de adhesión de las provincias.
Además,es menester que la nación intente imponer un modelo de ley de adhesión uniforme, que si bien será difícil, evitaría la discrecionalidad que reinó en 2016 cuando se adhirieron al sinceramiento de entonces, en el cual las provincias redactaron su adhesión de modo antojadizo y divergente entre sí, entonces, casi no hubo jurisdicción que adhiera al beneficio denominado “Tapón fiscal” (la posibilidad evitar cuestionamientos fiscales por la existencia de bienes no declarados con anterioridad a la fecha de la regularización) cuestión que no debiera dejarse librada al azar en esta oportunidad.
Si pensamos en algún otro riesgo que implique al federalismo, podemos encontrar que en la novedosa alternativa de pago de Bienes Personales que permite adelantar cinco años del mencionado impuesto (REIBP), el gobierno garantiza estabilidad fiscal desde 2028 a 2038, para cualquier impuesto “nacional” con el que se pretenda grabar al patrimonio de los contribuyentes. Si el gobierno nacional en 2027, cuando se termine la vigencia del impuesto sobre los bienes personales, no creará otro impuesto patrimonial, dicha potestad fiscal quedaría libre para ser tomada por una provincia, y si ello ocurriera las provincias pueden crear un tributo patrimonial que reemplace al nacional (Bienes Personales provincial) y en ese caso de nada serviría la estabilidad obtenida mediante el compromiso que surge de la Ley 27.743.
Como puede verse a partir de lo dicho, será importante resolver estas cuestiones a efectos de maximizar el éxito del plan, la regularización será un beneficio coparticipable y redundara en mayor recaudación para todos los niveles de estado, no es tiempo de mezquindades sino de unión y patriotismo, ¿estarán nuestro políticos a la altura de las circunstancias?
El autor es socio en Ghirardotti Tributaristas y auditores
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