El acceso a la vivienda y el déficit habitacional fueron ejes de un debate que desnudó los grandes problemas que atraviesa este sector en la Argentina. Uno de los datos que sobresalen fue expuesto en un informe elaborado conjuntamente por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la organización TECHO Argentina: 1 de cada 3 hogares del país no cuenta con una vivienda adecuada.
El análisis también reveló que el déficit habitacional es de casi 4 millones de viviendas: 1,3 millones de familias necesitan una vivienda nueva y 2,6 millones tienen necesidades de ampliación y/o mejoras en sus viviendas.
Durante las últimas décadas se implementaron diversas políticas para atender esta problemática: los Procrear, el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana de barrios populares, el Plan Nacional del Suelo, las líneas Mi Pieza y Mi Baño, entre otras. Todas significaron avances y demuestran esfuerzo estatal por brindar soluciones. Pero ninguno de los programas abordó de forma integral y permanente la problemática. El acceso a la vivienda adecuada sigue siendo una asignatura pendiente y afecta a casi todos los sectores de la población.
En el informe “Desafíos de la planificación territorial, el acceso al hábitat y a la vivienda”, las 3 organizaciones presentaron un diagnóstico de los principales problemas habitacionales desde el retorno de la democracia hasta la actualidad y un conjunto de recomendaciones para el diseño de la política pública de hábitat y vivienda en los próximos 40 años.
Entre otras precisiones, el estudio detectó que 1,17 millones de familias viven en 5.687 barrios populares distribuidos en todo el territorio nacional. Más de la mitad de esa población no accede de forma regular a más de dos servicios básicos, como luz, agua corriente y cloacas, ni cuenta con títulos de propiedad del suelo, según surge del Registro Nacional de Barrios Populares 2022.
Por otra parte, más de 2 millones de hogares en Argentina alquilan su vivienda, una situación que se fue acentuando: entre 2010 y 2022 el porcentaje de hogares inquilinos pasó del 16% al 20% a nivel nacional, según datos del Indec.
En el AMBA, el 32% de los inquilinos destinan más de la mitad de su salario al pago mensual y el 60% de quienes alquilan asume aumentos por fuera de la ley (Encuesta Inquilina 2023)
“El acceso al suelo, al hábitat y a la vivienda adecuada es fundamental para garantizar otros derechos como la salud, la educación y el trabajo. Sin embargo, se ha convertido en una de las problemáticas más complejas de nuestro país”, explicó a Infobae María Victoria Boix, directora de Ciudades de CIPPEC.
Prioridades
El estudio de Cippec, ACIJ y Techo apuntó varias recomendaciones de política pública para atender la problemática habitacional del país. “En primer lugar -dijo Boix- proponemos promover la sanción de normativa de ordenamiento territorial a nivel nacional, provincial y municipal. Para ello, impulsamos la sanción de una ley nacional de presupuestos mínimos sobre ordenamiento territorial; además, fortalecer los mecanismos para que las provincias y municipios sancionen normas en este sentido y elaboren sus planes de ordenamiento territorial, incorporando mecanismos de participación ciudadana en este proceso”.
La segunda propuesta es avanzar en el mejoramiento integral de las viviendas a partir de un plan de ordenamiento territorial que articule los mejoramientos de las viviendas con las obras de infraestructura y de integración socio urbana necesarias. También considera la asistencia financiera a los hogares, mediante subsidios y/o créditos para la compra de materiales y la contratación de mano de obra.
Alquileres
Una tercera idea, dijo Fernando Bercovich, integrante del programa Derecho a la Ciudad de la ACIJ, a Infobae, es promover una política nacional e integral de alquileres que aborde la problemática a través de diversas herramientas de forma simultánea y teniendo en cuenta las realidades locales. “El Estado debe involucrarse más, de forma directa e indirecta, con regulaciones y acciones que orienten el desarrollo inmobiliario privado hacia la necesidad de alquileres asequibles. Entre dichas regulaciones y acciones, proponemos herramientas de movilización de suelo urbano ocioso (como viviendas vacías y terrenos baldíos) hacia la oferta pública o privada de alquileres asequibles a largo plazo”, especificó.
Los expertos consideraron también que el empeoramiento de las condiciones de locación en las ciudades argentinas tiene varias causas, como la percepción de que las regulaciones vigentes, en particular la reciente Ley de Alquileres, son demasiado rígidas para que los propiestarios se arriesguen a ofrecer sus unidades en el mercado de alquileres. Prevalece entonces la compra de unidades de vivienda exclusivamente como reserva de valor en un mercado inmobiliario dolarizado y los beneficios extraordinarios que otorgan los alquileres temporarios destinados al turismo, en un contexto macroeconómico complejo.
“Hay que tener en cuenta que la Ley Nacional de Alquileres salió con un consenso amplio de distintos actores sociales y de las fuerzas políticas, pero entendemos que pedirle a una ley que resuelva todos los problemas de los inquilinos es poco realista. Entre 60% y 75%, según las fuentes, de las personas que alquilan, lo hacen por fuera de la ley. En ese sentido creemos que es muy importante que se aplique el artículo 17 de la ley actual que es un plan de alquiler social o asequible, tal como mencionamos en el documento de recomendaciones”, afirmó Bercovich (ver gráfico, abajo).
Integración
La problemática del hábitat y la vivienda está relacionada al crecimiento de las ciudades y la falta de suelo urbano de calidad. Entre 2010 y 2016, los principales aglomerados urbanos del país se expandieron hasta 1,5 veces respecto de su crecimiento poblacional; en muchos casos, sin una planificación territorial adecuada. Esto dio lugar a ciudades de baja densidad, sin la infraestructura ni conectividad necesarias.
María Lucía Groos, directora nacional del Centro de Investigación e Innovación Social en TECHO-Argentina, dijo a Infobae: “una cuarta recomendación apunta a profundizar los procesos de integración socio urbana en barrios populares y garantizar su sostenibilidad a lo largo del tiempo a partir del desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento contemplados en el Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a proyectos de integración socio urbana y creación de lotes con servicios-; fortalecer la planificación, coordinación y el abordaje integral de la gestión estatal, creando un organismo rector a nivel nacional y, a nivel local, trabajando de manera conjunta entre municipios para la planificación territorial; y garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información como un mecanismo de transparencia”.
Sobre este punto, creen que sería vital la creación de espacios como la Mesa Nacional de Barrios Populares y la promoción de Mesas Locales para colaborar a fomentar la participación efectiva.
La quinta y última recomendación es incorporar soluciones habitacionales temporales como respuesta a eventos adversos en barrios populares que garanticen refugio, privacidad y la seguridad de las personas. “La recomendación se centra en el fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de riesgos, la definición de especificaciones técnicas sobre tipos de vivienda a nivel general y nacional y la participación de personas, grupos y comunidades involucradas en contexto de emergencia, para garantizar que sus necesidades y perspectivas sean consideradas en cada etapa del proceso”, concluyó Groos.
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