La Facultad de Ciencias Sociales (UBA) manifestó su preocupación por la proyección de gastos para su funcionamiento en el marco de la decisión del Poder Ejecutivo de prorrogar la ley de presupuesto 2023 para este.
“Durante el 2023 Sociales contó con un presupuesto de $238 millones, dinero utilizado para la limpieza de los edificios, el mantenimiento de ascensores, la compra de pupitres, la ART para nuestros y nuestras estudiantes entre otros gastos que hacen al normal desempeño institucional”, indicó la institución en un comunicado.
Con una proyección de inflación interanual de 250% para este año el funcionamiento de la facultad necesita al menos $645 millones, lo que nos deja un déficit estimado de $406 millones.
“Compartimos este escenario con nuestra comunidad mientras mantenemos diálogos con autoridades de otras facultades, de nuestra universidad y de otras universidades, ya que entendemos que la educación y la ciencia se encuentran en estado de alerta y es nuestra responsabilidad como autoridades velar y defender los derechos de estudiantes, docentes y no docentes”, agregaron.
“Exigimos al gobierno nacional revisar las decisiones presupuestarias. La Universidad Pública no es un gasto”, concluyeron.
Por su parte, Diego de Charras, vicedecano de la Facultad dijo a Infobae: “Nuestra vocación es mantener las puertas abiertas e iniciar el ciclo lectivo; llevaremos adelante todas las gestiones necesarias para que se destrabe el presupuesto. Si hubiera que hacer recortes lo iremos evaluando procurando no afectar los derechos de estudiantes, docentes y no docentes”.
En cuanto al financiamiento que recibe la institución, señaló: “La universidad en general y nuestra Facultad en particular recibe otros fondos por convenios de asistencia técnica con instituciones públicas y privadas, convenios de pasantías, posgrados, diplomaturas, entre otros, que forman parte de los gastos que se ejecutan año a año. Aún así la parte central corresponde al presupuesto nacional por tratarse de la universidad pública donde el Estado garantiza el derecho de acceso a la educación superior no arancelada”.
Réplicas
Esta situación se replica en todas las universidades nacionales. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) decidió, dada la falta de presupuesto, nuevos topes para la inscripción a materias.
“En los próximos períodos de inscripción a materias se establecerán nuevos topes: En la modalidad presencial, habrá inicialmente una inscripción a 2 materias y se habilitará la inscripción a una tercera materia en la fecha prevista para la inscripción a materia adicional. En la modalidad a distancia se admitirá la inscripción en hasta 3 materias por período”, comunicó la institución días atrás.
Asimismo, indicaron que “ya no será posible costear cursos adicionales y contratos de docentes extra”.
“La Universidad Nacional de Quilmes tener que adoptar estas medidas, y exhorta, una vez más, a las autoridades nacionales a revertir estas decisiones en el menor tiempo posible”, expresó la UNQ en un comunicado.
Cabe recordar que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había enviado a la Secretaría de Educación un presupuesto de $2,5 billones y señalado que de no aprobarse se comprometería el funcionamiento de las universidades a partir de abril.
De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en enero las transferencias a universidades fueron de $144.850 millones, con una caída del 16,5% en términos reales.
En el informe de la OPC, también se destaca la falta de registro de la liquidación de enero de las Becas Progresar ($8.050 millones en el mismo período de 2023). Este programa, en el caso del segmento para la educación superior, otorga financiamiento para que los jóvenes puedan completar sus carreras.
En este marco, autoridades del CIN se reunieron recientemente con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez. En el encuentro, se abordó la necesidad de la actualización de los gastos de funcionamiento, las condiciones de continuidad del plan de inversiones, las paritarias docente y no docente, los programas y los proyectos de desarrollo, entre otros. Las autoridades gubernamentales comprometieron sus gestiones y respuestas en los próximos días.
Conflicto por las paritarias
A este panorama, se suma otro conflicto con el gobierno nacional por la paritaria universitaria. El Frente de Sindicatos de Universidades Nacionales rechazó la propuesta salarial del Ejecutivo que consiste en un aumento del 6% para febrero.
“La pérdida del poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes es de más del 50% respecto de la inflación de los meses de diciembre y enero – para las trabajadoras y los trabajadores el impacto inflacionario es aún mayor por la suba de alimentos y servicios. Lo mínimo que reclamamos es que nuestros salarios no pierdan respecto de la inflación; la propuesta del Gobierno está muy lejos de esa equiparación. Por ello, rechazamos ese porcentaje”, indicó el gremio en un comunicado.
Por otro lado, señalaron que el Gobierno pretende establecer una rebaja salarial quitando el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Ese incentivo representa un porcentaje importante del salario preuniversitario. “Rechazamos también de plano esa pretensión y exigimos al Gobierno que haga efectivo el pago del Fonid para los meses de enero y febrero y acuerde una recomposición del Fondo de manera urgente. Reclamamos también la actualización de las garantías salariales de ambos sectores”, indicaron.
Al respecto, en el Congreso buscan que el gobierno convoque a una paritaria docente y fije el mínimo salarial del sector, además de obligarlo también a enviar a las provincias el Fonid, creado en 1998 y que hoy explica entre 10 y 15% de lo que cobran los docentes. En los números difundidos por el Gobierno nacional, figuran devengados $46.855 millones en concepto de dicho fondo, pero no fueron transferidos a las provincias.
El argumento del gobierno es que la educación y los salarios docentes son responsabilidad de las provincias y que la última prórroga al Fonid (que en su origen se había establecido por 5 años) venció el 31 de diciembre de 2023.
En tanto, “el Frente Sindical de Universidades Nacionales responsabilizó al Gobierno Nacional por la situación de conflictividad generada al pretender que aceptemos la pérdida salarial que es la más importante desde que existen registros. Exigimos al Gobierno Nacional que convoque de urgencia una nueva instancia paritaria en la que haga un ofrecimiento acorde a la pérdida salarial de nuestros sectores”, agregaron.
“Este conflicto salarial ocurre en un contexto de recorte del presupuesto universitario que pone en riesgo el normal funcionamiento de las universidades nacionales. Defendemos la universidad pública y gratuita al servicio de las grandes mayorías, salarios dignos para trabajadoras y trabajadores y jubilaciones dignas”, concluye el comunicado.
Hacer Comentario