“No se mata la verdad, matando periodistas” se lee en la imagen que compartió en X (antes Twitter) el colectivo Nos Faltan 3, conformado por familiares y colegas de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de diario El Comercio que fueron secuestrados y asesinados en el 2018 por el Frente Oliver Sinisterra, integrado por disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Junto a la ilustración que muestra unas esculturas de plastilina de los periodistas asesinados, se solicita al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que desclasifique las actas del Consejo de Seguridad Pública del Estado y todo aquello relacionado con el secuestro y asesinato de los comunicadores.
Esta petición no es nueva. En su exigencia de verdad y justicia, los familiares y colegas de Javier, Paúl y Efraín han solicitado lo mismo a dos gobiernos: al de Lenín Moreno y al de Guillermo Lasso, quienes, a pesar de comprometerse con la causa, incumplieron con publicitar la información.
El 26 de marzo de 2018, Javier, Paúl y Efraín que cumplían una asignación del medio para el que trabajaban fueron secuestrados en la frontera en Ecuador y Colombia. Ese día, en el periódico, uno de los más antiguos del país, habían reservado un espacio para publicar lo que Javier debía reportar desde Mataje, un poblado ubicado en la frontera colombo ecuatoriana, en Esmeraldas, una de las provincias históricamente abandonadas por el Estado y tomada por grupos armados irregulares y bandas del crimen organizado. Pero ni el reporte de Javier ni las fotos de Paúl llegaron. Efraín era el conductor que los acompañaba.
La nota que no llegó, las fotografías que no se enviaron, las llamadas sin repuestas, el espacio vacío en la edición serían solo el inicio del episodio más trágico del periodismo ecuatoriano y del tortuoso camino que las familias de Javier, Paúl y Efraín empezaron a transitar para exigir justicia y para mantener viva la memoria del equipo periodístico.
El 26 de marzo del 2018, los tres fueron secuestrados. Dos semanas después, el 13 de abril, el entonces presidente Lenín Moreno confirmó el asesinato de Javier, Paúl y Efraín. Desde entonces dos gobiernos han ofrecido desclasificar las actas de las sesiones del Consejo de Seguridad. La información contenida en esos documentos podría esclarecer el oscuro y ambiguo tratamiento gubernamental que se dio al secuestro del equipo periodístico.
Desde Nos Faltan 3 han sido enfáticos en exigir al gobierno garantías para el ejercicio periodístico y han alertado que la principal señal de alerta sobre la grave situación de la prensa en el Ecuador ha sido dejar en la impunidad el asesinato de Javier, Paúl y Efraín pues se envía el mensaje de que los periodistas son blancos fáciles para los criminales.
En siete ocasiones Moreno ofreció desclasificar la información, Lasso hizo la misma promesa dos veces. Ninguno de ambos cumplió. Yadira Aguagallo, comunicadora y entonces pareja de Paúl Rivas, contó en marzo de 2023 a Infobae que en mayo de 2018, el gobierno de Moreno entregó 700 páginas que supuestamente eran información clasificada, pero no era así. “Apenas el 20% era aprovechable”, dijo Aguaguallo y recordó que en la Corte Constitucional se encuentra una solicitud de entrega de la información que no ha sido respondida.
Como familiares, consideran que “se ha configurado una política de Estado, esa política es de silencio”. Este silencio no solo abarca a los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, sino a todas las entidades responsables de la investigación: “No han cumplido ni siquiera con lo más mínimo que eran acciones de reparación simbólicas, relacionadas con espacios de memoria para el equipo periodístico”, señaló Aguagallo en conversación con este medio cuando se cumplieron los cinco años del secuestro de Javier, Paúl y Efraín.
Fundamedios, una organización de la sociedad civil que se dedica a defender la libertad de expresión en Ecuador, indicó que hasta el 21 de diciembre de 2023 se registraron 262 agresiones que han afectado a 340 periodistas, medios de comunicación, candidatos, organizaciones de la sociedad civil y activistas. Las agresiones perpetradas por el crimen organizado han aumentado en un 800% en comparación al año 2021, y un 215% respecto del 2022, señaló la fundación en un informe. Durante el 2023, nueve periodistas se exiliaron para proteger sus vidas, siete de ellos aún no han podido retornar a sus ciudades.
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