Madrid, 20 dic (EFE).- Dos ciudadanos de origen paquistaní, acusados de ensalzar en redes a autores de atentados yihadistas en Francia, como el apuñalamiento de dos personas frente a la revista Charlie Hebdo o la decapitación de un profesor en 2020, han alegado que desconocían que compartir vídeos sobre esos hechos que circulan en redes fuera delito.
Con este argumento es con el que ha pedido su defensa su absolución en el juicio que se ha celebrado este miércoles contra ellos en la Audiencia Nacional, además de apuntar que el delito del que se les acusa, enaltecimiento del terrorismo, no existe en todos los países, y que de hecho actualmente el Congreso estudia derogarlo.
La Fiscalía por su parte ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales y ha mantenido su petición de que sean condenados a tres años de cárcel cada uno por dicho delito.
Ambos acusados, T.H. y R.A.W., fueron detenidos junto a un tercero, M.S.H., que finalmente no se ha sentado con ellos en el banquillo al haber sido expulsado a su país.
Durante su declaración, en la que solo han querido responder a su abogado y han necesitado de un intérprete, han negado haber realizado "montajes" de vídeos y han explicado que se limitaron a compartir los que circulan en redes sociales sin saber que eso era delito.
Por ello, su abogado ha pedido que se les aplique la figura del "error invencible" del artículo 14.3 del Código Penal, que excluye de responsabilidad penal en determinados casos en los que hay un insalvable desconocimiento de las leyes de un país.
Los dos habían llegado a España hacía poco tiempo a trabajar y, hasta su detención, solo mantuvieron contacto con la comunidad paquistaní, según ha querido resaltar la defensa durante el interrogatorio de los acusados.
En contra de esta argumentación, la fiscal ha destacado en su informe definitivo que los dos publicaron fotos con mensajes de partícipes en esos asesinatos en horas o días posteriores a los atentados, y que los acusados son seguidores del partido radical Tehreek-e-Labbaik Pakistán (TLP), que defiende la aplicación de la ley de pena de muerte para cualquiera que ofenda a Mahoma o cometa blasfemia.
Por eso entiende que "la difusión del crimen" o el "abogar por el asesinato" no puede estar amparado por la libertad de expresión o pretender que está autorizado en un país y no en otro.
En cuanto al hecho de que compartieran esa cantidad "ingente" de vídeos con incitación al odio en perfiles abiertos, la fiscal ha advertido que eso no debe dar lugar a minimizar la conducta sino que, al contrario, debe estar más penada al tener "mayor repercusión y un mayor riesgo en la seguridad pública", ya que aumenta la posibilidad de que se produzcan "réplicas" de esos atentados.
En el juicio también han declarado los policías que participaron en la investigación, que partió, según han relatado, de la información que les trasladó Francia sobre la actividad que habían detectado de residentes en España enalteciendo al autor del atentado contra dos periodistas de la revista satírica Charlie Hebdo en 2020.
Formaban parte al parecer de un grupo en el que determinados perfiles, vinculados a seguidores del TLP, se dedicaban de manera sistemática, "como un mantra", a pedir la decapitación de quien ellos consideren que ha cometido una blasfemia contra el profeta y a cometer atentados.
Los investigadores localizaron así a los dos acusados en la localidad catalana de Ampurias y por los vídeos que publicaban, concluyeron que el "elemento radicalizador" era un sheik de Pakistán ya fallecido y el TLP, según ha explicado uno de los agentes.EFE
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