Las comisiones de Agricultura y Ganadería e Industria mantuvieron una reunión informativa en Diputados con el objetivo de presentar el nuevo texto de la ley de “Desarrollo Agroindustrial”, que elevó al Congreso para su tratamiento el Gobierno en septiembre del 2021 y que perdió estado parlamentario el pasado 28 de febrero.
Con el nuevo texto, se busca un alto nivel de consenso para luego convocar a los diputados de la comisión de Presupuesto y Hacienda, y trabajar en la elaboración del correspondiente dictamen que permita en abril el debate en el recinto. “Es una ley que no soluciona los problemas del campo y la agroindustria, pero es un primer paso”, coincidieron el titular de la comisión de Agricultura y Ganadería, Ricardo Buryaile, y de la comisión de Industria, Marcelo Casaretto.
La normativa, impulsada por el Gobierno nacional tras un trabajo conjunto con el Consejo Agroindustrial Argentino, se denomina “Proyecto de ley del Régimen de Fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable”. El objetivo central es aumentar la inversión, impulsar la producción y la competitividad de los distintos sectores que forman parte de las cadenas agroindustriales, mejorar la productividad y la calidad de las mismas mediante una mayor industrialización, y procurar el aprovechamiento integral de la biomasa y su transformación en bioproductos de alto valor agregado.
A su vez, plantea potenciar la producción de los alimentos procesados, de las actividades agroforestales, y las nuevas tecnologías y servicios para el agro.
Las modificaciones previstas de acuerdo a lo que presentó hoy el diputado Marcelo Casaretto, involucran desde la resistida creación de un nuevo registro para otorgar los beneficios del régimen hasta la ampliación de plazos, amortizaciones y la valuación de la hacienda.
“Creo que se ha mejorado y mucho el proyecto. Se le ha quitado burocracia, se le ha dado mayor celeridad a la amortización acelerada, bajó de la mitad de la vida útil a dos años, y también se logró introducir incentivos para el uso de tecnología, como son fertilizantes, semillas fiscalizadas y genética bovina. Además, se introdujo un incentivo para la generación de empleo, con la reducción de aportes patronales para las micro, pequeñas y medianas empresas. De todas maneras restan aún aportes que han hecho los distintos diputados. Por supuesto, que el aspecto central está relacionado con los derechos de exportación, que es una necesidad teniendo en cuenta la realidad que vive hoy el sector agropecuario, tanto por la brecha cambiaria como por la crisis climática”, agregó Ricardo Buryaile.
En relación a los derechos de exportación, el diputado de Juntos por el Cambio, Pablo Torello, reclamó que se incluya en el proyecto su iniciativa de baja gradual y hasta su eliminación del mencionado impuesto, y dijo: “Estoy de acuerdo con el proyecto. Hemos trabajado mucho en todo este tiempo para impulsar mejoras. Pero para que en el sector agropecuario haya inversión, se necesita que haya rentabilidad. Y eso hoy no existe por los efectos de los derechos de exportación y la brecha cambiaria. Es por eso que convocamos a trabajar en promover una baja de las retenciones y hasta su eliminación, como así también pedimos la eliminación de la medida del Banco Central que afecta a los productores de soja que buscan financiamiento”.
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