Los deudores de los créditos UVA participaron de una exposición frente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores, que fue realizada en el medio de la evaluación del proyecto de ley que propone modificar el sistema de actualización de los pagos que se encuentran sujetos a la inflación. Además, la medida buscará aliviar la cancelación de las deudas, la posibilidad de vender la propiedad junto al crédito y crear un fondo fiduciario para los que se encuentren desempleados.
Durante la jornada del miércoles, los morosos tuvieron la oportunidad de explicar los diferentes problemas que han tenido hasta el momento para abonar las cuotas correspondientes al programa. “En 2018 comenzaron las dificultades con el crecimiento de la inflación”, señaló Claudia Pilo, una de las representantes de los damnificados, quien agregó que “el destino de cada familia hipotecada se entregó al sistema financiero”.
Otra de las deudoras, identificada como Mara Amin Eddine, de Chivilcoy, contó que en su caso el crédito de 2,9 millones de pesos, que había tomado cuando se lanzó la planificación, llegó a crecer hasta los $38 millones. “Cuando saqué el crédito, la proporción ingreso-cuota era de 25%; hoy es de más de 50%”, comparó.
Según las declaraciones recopiladas por Télam, la mujer reclamó que “no hay mora representativa, porque nadie quiere perder su casa”, al mismo tiempo que destacó: “Tenemos dos o tres trabajos para pagar la cuota y estamos dejando la vida en este crédito”.
“A ninguno de los tomadores se les explicó cómo funcionaba el sistema”, argumentó el abogado de una de las familias afectadas, José Bernardo Díaz, luego de que Cristian Rubio, otro de los defensores presentes en la sala, planteara que “el sistema UVA hace una doble indexación sobre las deudas”, en referencia a que los costos se duplicarían por sobre el índice de precios vigente.
Por otra parte, Díaz denunció la estrategia que había sido utilizada por el Gobierno para que los ciudadanos se animaran a formar parte de los créditos UVA al manifestar: “El Estado nos dijo que tomemos la deuda porque no iba a crecer exponencialmente; nadie podía imaginar semejante descalabro económico”.
En este sentido, la abogada mendocina Mariela González señaló la otra cara de la moneda de contraer la deuda hipotecaria, debido a que ante la falta de pagos, la defensora indicó que “el banco les pide a sus deudores que vendan sus viviendas”, una decisión que iría en contra del mismo objetivo del programa. Por este motivo, exigió que la situación vuelva a agosto de 2019 por medio de una modificación en la ley actual.
En cuanto al proyecto de ley que recibió la media sanción de Diputados en el pasado 6 de julio, este plantea que las cuotas que los deudores tengan que abonar sean recalculadas de acuerdo con los ingresos declarados, sin que este monto represente más del 30% de lo que perciben mensualmente. De esta manera, el sistema de actualización de los créditos hipotecarios UVA, que está basado en el reajuste de los montos a pagar según los índices inflacionarios, sería eliminado.
Una de las cláusulas más relevantes es la suspensión de los juicios por desalojos, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas sobre las viviendas que se encuentran en trámite por el plazo de un año. Asimismo, la iniciativa incluye la creación de un fondo fiduciario que pueda hacerse cargo de hasta tres cuotas de los solicitantes que se encuentren desempleados.
Por último, el proyecto modificatorio propone que quienes estén alcanzados por el Impuesto a las Ganancias puedan deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores tengan la opción de vender su propiedad y el crédito existente.
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