EFE/LUIS TEJIDO.
(Luis Tejido Luis Tejido/)
La pérdida del nivel de ingresos de la población, un fenómeno iniciado a fines de 2017, se sigue profundizando. Tomando como punto de partida ese año, el último informe de la consultora Invecq calculó que desde entonces el ingreso medio de los jubilados perdió 34% de su poder de compra, la pérdida de los trabajadores privados “no registrados” (esto es, el ancho mundo de la informalidad laboral argentina) fue de entre 25 y 30%, el salario medio de los empleados públicos cayó 20% y el de los empleados privados registrados (esto es, “en blanco”) retrocedió un más módico pero todavía notable 13 por ciento.
Al comentar la desaceleración de la tasa de inflación en mayo y junio, el informe de la consultora dirigida por el economista Esteban Domecq refiere la “ilusión” oficial de que los precios den una tregua en las previas electorales.
“El oficialismo necesita que la gente sienta un alivio en el bolsillo luego de cinco años consecutivos de pérdida del poder adquisitivo. Es que el mercado laboral, a diferencia de otros episodios de crisis, no está mostrando señales de alarma en cuanto a los niveles de ocupación, sino que la variable que se deteriora y ajusta es la de los ingresos”, dice un pasaje del informe.
Desempleo oculto, ingresos en picada
A su vez, subraya, “gran parte de este desempleo mínimo se explica por la existencia de programas sociales con contraprestación laboral y por un exceso de empleo público cuya corrección este gobierno no solo no intentó corregir, sino que acentuó”. De hecho, Invecq estima que la tasa de desempleo corregida estaría “cómodamente por encima del 10% y no por debajo del 7% como dice el Indec”.
A su vez, resalta que los trabajadores informales explican ya 42% del universo laboral del país, lo que significa que si bien los niveles de empleo lucen históricamente altos, la calidad y productividad (e ingresos) no deja de empeorar.
El contingente relativamente privilegiado de los trabajadores privados formales, unas 6,5 millones de personas perdieron 13% en términos reales respecto de 2017, los empleados públicos formales, unos 3,5 millones, están un 20% por debajo de entonces, los no registrados o informales privados, unos 5,5 millones, perdieron un brutal 28% y más difícil de estimar es el de los independientes o no asalariados. “Teniendo en cuenta la evolución de los ingresos totales de la EPH, muy probablemente los ingresos de este grupo estén entre los trabajadores del sector público (-20%) y los no registrados (-28%)”, dice Invecq.
De este modo, explica el informe, “el ajuste del mercado de trabajo que no se está haciendo vía niveles de ocupación se ha hecho vía ingresos reales. Es decir, hay mucho empleo, pero poco salario”, dice otro pasaje del informe, algo que se refleja en la evolución de los índices de pobreza y se ve exacerbado por la inflación, ya consolidada en niveles superiores al 100% anual.
Jubilados ajustados
El cálculo es aún más crudo sobre el ingreso medio de los jubilados, que cayó 34% y perdió más de un tercio de su poder adquisitivo. Es como si en un mundo sin inflación, a lo largo de un año un jubilado percibiera 4 jubilaciones menos.
En la primera mitad del año, esta pérdida se acentuó con la política fiscal del gobierno. Al respecto, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre la ejecución del presupuesto nacional notó que en junio “por primera vez en el año” cayeron en términos reales “todas las prestaciones sociales”, bolsa que incluye jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares, pensiones no contributivas y programas sociales.
Como puede observarse en el gráfico de arriba, el gasto en jubilaciones y pensiones cayó $243.440 millones en pesos constantes, las asignaciones familiares cayeron $254.821 millones y las partidas para programas sociales $ 311.777 millones, totalizando un ajuste de $810.038 millones, equivalente a 68% de la reducción del gasto total. Los únicos rubros en que aumentó el gasto real fueron “Transferencias a Universidades”, “Subsidios al Transporte” (el informe no aclara si incluye las transferencias a las ferroviarias estatales y a Aerolíneas Argentinas), los gastos en personal (pese a la caída de los salarios que paga, el Estado siguió aumentando su dotación de personal) y el pago de intereses de deuda. Respecto de esto último, cabe recordar que la deuda del Tesoro rozó en junio el equivalente a USD 400.000 millones y que el gobierno refinancia la parte en pesos a tasas cada vez más altas o atándola al dólar, la inflación o, éstas dos variables, la que mejor le resulte al acreedor.
La inflación como licuadora
Según el informe de la OPC, la caída del gasto previsional en la primera mitad del año se explica “principalmente por la brecha entre la actualización de los haberes ajustados por la fórmula de movilidad y la inflación (79,4% vs 107,9%, una diferencia de casi 30 puntos).
“Si bien para los jubilados de más bajos ingresos la caída se atenúa por la aplicación de bonos ($10.000 en enero y febrero y $15.000 entre marzo y junio) mostrando una variación negativa de 2,9% anual acumulativo, los haberes actualizados únicamente por la fórmula de movilidad (no alcanzados por los bonos) mostraron una reducción del poder de compra de 13,7% durante el semestre”, dice la OPC.
En tanto, “las asignaciones familiares cayeron 28,2% anual, principalmente las vinculadas a los trabajadores activos (-43,8%), producto de la actualización del valor de las prestaciones por debajo de la inflación, la disminución del complemento mensual dispuesto en octubre de 2021 y la política de actualización de topes máximos para acceder al beneficio”, que comenzó a operar rrecién en marzo. A su vez, calculó la OPC las transferencias destinadas a la Asignación Universal por Hijo mostraron una reducción de 12,8% anual acumulado.
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