La resolución publicada este martes por la Secretaría de Industria y Comercio, por la cual se amplía de 30 a 142 la cantidad de piezas que se podrán recuperar de automóviles siniestrados o dados de baja a través de desarmaderos legales, es otra de las desregulaciones que el gobierno nacional ha puesto en marcha en los últimos días, dentro del proceso de transformaciones que lidera Federico Sturzenegger.
La ampliación en la lista de autopartes recuperables, provenientes de desarmaderos regulados por el Rudac (Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas), busca generar beneficios para la economía e impulsar la generación de empleos directos e indirectos, a la vez que permite promover la economía circular gracias a la reutilización de autopartes en buen estado y la disminución de los residuos que se generan con la destrucción de los vehículos en desuso.
Apenas unas horas antes, el propio Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, lo había anticipado en una entrevista radial, al decir que “los desarmaderos legales no pueden usar las piezas. O sea, vos tenés un choque, pero la mitad del auto quedó sano. ¿Qué mejor que poder recuperar esas partes? Bueno, resulta que hay una ley que no te permite utilizar las autopartes sanas de los autos. Hay un decreto que si no salió hoy, saldrá mañana, que está a la firma del Secretario de Comercio, Pablo Lavigne, por el cual se cambia la reglamentación de la ley acerca de cuáles son las autopartes que se pueden, en algún sentido, reutilizar, ampliando dramáticamente el número de piezas. Todo apunta a reducir el robo de los autos y, sobre todo, a bajar el precio de los seguros y las autopartes a partir de un aumento de la oferta”.
La ley en cuestión, conocida como “Ley de desarmaderos” es la 25.761, y es la que regula la actividad del desarme de automóviles y venta de autopartes. Fue sancionada en el año 2003, dándole potestad a la Secretaría de Industria para determinar cuántas piezas se pueden recuperar. Así fue como en 2005 a través de la Resolución 199/05, este organismo determinó que se podían recuperar sólo 30 piezas, que son básicamente las partes móviles de un auto como puertas y capó, y motor, caja de cambios y periféricos. El resto se debían desechar.
La inquietud por ampliar ese límite no es nueva, pero tomó nuevo impulso a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei. Fue promovida, entre otros, por la Cámara Argentina de Recuperadores y Venta de Autopartes (Carva).
“Anualmente se descartan más de 35.000 automotores bajo esta modalidad, pero la legislación vigente permite que de cada vehículo sólo se puedan recuperar 30 piezas y el resto debe ser destruido. Por eso decimos que en Argentina se desechan piezas por casi 600 mil millones de pesos al año”, dijo en junio pasado a Infobae, José Luís Álvarez, presidente de Carva, quién argumentó la idea en cifras. Un “Un automóvil tiene unas 4.000 partes entre carrocería y mecánica, y en países como Alemania y Francia, la ley permite recuperar entre un 85 y un 95% de las piezas”.
Ante la resolución publicada en el Boletín oficial este martes, Álvarez dijo que “hoy es un día histórico para Carva. El trabajo y el esfuerzo de cientos de empresarios de bien, tuvo sus frutos. Hemos logrado en coordinación con el estado nacional iniciar la modernización del sistema de recuperos de autopartes, ampliando la cantidad de piezas a casi el 80% de vehículo, queda mucho trabajo por hacer, pero este es el camino, gobernantes y empresarios trabajando por un país económicamente más grande, más sustentable y con más empleo”.
La comunicación de la Secretaría de Industria y Comercio menciona 142 autopartes, mientras que Carva habla de casi el 80% de las partes de un auto, que tal como ellos mismos mencionaron oportunamente es de unas 4.000 piezas.
“Decimos que estamos cerca de ese porcentaje porque dentro de las 142 autopartes están también aquellas que tienen muchos componentes internos, así como dentro de las 30 anteriores también había muchas piezas también”, explicó Álvarez esta mañana a Infobae.
El ideal para estar en un 85% hubiera sido que la lista incluyera 350 autopartes, pero hay algunas que necesariamente tienen que ser homologadas por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), porque tienen CHAS (Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad), y esa certificación sólo se hace con una prueba de un prototipo que se destruye para comprobar su construcción y estándar de calidad. Una pieza recuperada de un auto se perdería si se hace esa certificación, por lo tanto, aquellas que tienen que tener sí o sí el CHAS, no se pueden recuperar. Por esa razón la lista subió a 142 autopartes y no a las 350 que hubiera sido ideal. Esa será otra instancia en la que se debe discutir la cuestión de las homologaciones de autopartes, en la que el gobierno está trabajando también”, explicó el presidente de Carva.
En la lista de 142 autopartes que ahora se podrán recuperar de los autos dados de baja, existen dos clasificaciones diferentes y una observación específica sobre algunas de ellas. Las categorías son APC y C, que significa “Autos, pick-up y camiones” y “Camiones” respectivamente.
Sin embargo, lo más importante es la aclaración que acompaña a 32 de las piezas autorizadas, y por la cual se especifica que deberán tener “Constancia emitida por un Ingeniero Mecánico”. Se trata, efectivamente, de partes que tienen CHAS porque están vinculadas a la seguridad del automóvil, pero que pueden ser verificadas por un profesional calificado que constate su buena condición para ser utilizada nuevamente en otro automóvil.
Esas 32 partes son la barra antivuelco, barra de impacto delantera, bomba de servo, cardan corto y largo, columna de dirección, cuna de motor, diferencial trasero y delantero, Eje trasero (sin punta de eje y sin sistema de freno), elásticos, espejo interior, espejos exteriores, faros auxiliares traseros, faros auxiliares, faros traseros, frente, guardabarros traseros, módulo de ABS, ópticas, palanca de freno de mano con cable de acero, panel de cola, paragolpes, paragolpes delantero y paragolpes trasero, parante central, parante delantero, piso de baúl, ramal eléctrico, sensores de estacionamiento, soportes de motor y caja, tanque de combustible, techo y zócalos.
Si bien todavía queda el proceso de implementación de por medio, para el que habrá 30 días de plazo, hay dos temas que se deben resolver para hacerlo: la certificación del profesional que autorice esas 32 piezas que lo requieren y el modo en que esas piezas regresarán al sistema de comercialización legal.
En teoría, cada uno de los 160 desarmaderos registrados actualmente en el Rudac, y los que se registren en el futuro, deberán contratar un ingeniero mecánico que certifique el correcto estado y funcionamiento de esas partes, y una vez que ese paso esté cumplimentado, la pieza deberá registrarse para poder ser comercializada legalmente en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPAyCP).
A partir de la publicación en el Boletín Oficial de este martes, pero de la falta de detalles respecto a la implementación que todavía se debe reglamentar, existen algunos sectores que ven con preocupación esta desregulación en función de un posible incremento de la tasa de robos, y no una reducción como pretende la norma actualizada. Este martes, conjuntamente, la Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes en Repuestos del Automotor (Faccera), Fábricas Argentina de Componentes (AFAC) y Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (Faatra), enviaron una nota al Secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, expresando su inquietud al respecto, considerando que “puede afectar la seguridad de las personas, la seguridad del tránsito y el empleo”.
“Ampliar el número de piezas dificultaría el control legal favoreciendo la relación “rentabilidad/riesgo” del comercio de partes de origen ilícito y por ende generando incentivos para el robo de automotores”, expresaron en la mencionada nota. En tal sentido, los firmantes argumentaron su posición diciendo que “si bien el numerus clausus de piezas no resuelve por sí mismo el robo automotor, es actualmente el único instrumento legal existente para poder fundamentar de manera efectiva los procedimientos policiales y judiciales para su mitigación. Estando comprometido el orden y la seguridad pública, creemos que no debería tomarse ninguna decisión sin una participación activa del Ministerio de Seguridad de la Nación”.
Hacer Comentario