Rafael Martínez
Madrid, 21 dic (EFE).- El Gobierno y el Poder Judicial escenifican este jueves una jornada de alto voltaje con hasta cuatro citas clave que marcarán el devenir de una relación más tensionada que nunca por la amnistía y el 'lawfare', y que amenazan con agrietar la convivencia entre dos poderes del Estado en vísperas de la Navidad.
La jornada será frenética desde primera hora de la mañana. Arranca con la comparecencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ante la Comisión de Justicia del Congreso que, nada más terminar, examinará la idoneidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Entre medias de ambas citas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará un pleno que abordará la legalidad de las comisiones parlamentarias de investigación y el deber de comparecencia de los jueces. El cuarto escenario tendrá lugar en el Tribunal Supremo donde se reunirán Bolaños con su presidente, Francisco Marín.
Con el clamor del Poder Judicial de fondo por el 'lawfare' y la amnistía, la comparecencia de Bolaños en un Congreso más polarizado que nunca no se antoja cómoda. Acude, como es menester, para presentar su hoja de ruta en el departamento, un trámite que generalmente versa sobre la acción legislativa que pretende impulsar el Ministerio pero que, dadas las circunstancias, es posible que discurra por otros caminos, el de la amnistía y el 'lawfare'.
Porque Bolaños llegó a su oficina para pacificar la Justicia y renovar el CGPJ, pero desde entonces no ha logrado apagar el fuego, sino más bien todo lo contrario, la llama se ha reavivado. Detrás está el acuerdo PSOE-Junts con la polémica referencia al 'lawfare' y las comisiones de investigación, que le está pasando factura entre los jueces, más aun tras los ataques y acusaciones de Junts. La oposición no pasará por alto ninguno de estos escenarios.
El Congreso evalúa los méritos e idoneidad como fiscal general de Álvaro García Ortiz, a quien recientemente el CGPJ no avaló para el puesto, algo inédito en democracia. Saldrá airoso de la votación pero no estará exenta de ruido. De fondo laten dos cuestiones, la sentencia del Supremo que le acusa de desviación de poder al nombrar a Dolores Delgado fiscal de Sala y las críticas de la carrera fiscal que le acusan de ponerse de perfil con el 'lawfare' y la amnistía.
El CGPJ, que acaba de cumplir un mandato completo de cinco años en funciones, celebra su último pleno del año con el malestar de fondo de la carrera judicial contra la posibilidad de que las comisiones de investigación de la Operación Cataluña y de Pegasus citen a jueces sobre supuestos casos de 'lawfare'.
Su presidente, Vicente Guilarte, ya avanzó que ningún juez puede comparecer, pues hacerlo "implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado". Y ahora el pleno aborda, a petición de la mayoría conservadora, que ante los señalamientos a jueces y la intención de criminalizar la labor judicial, el Consejo se posicione para que "ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de derecho".
Será de tarde, una cita que ambos han cancelado ya una vez: Bolaños por motivos de agenda y Marín tras las acusaciones de Junts a los jueces que indignaron al alto tribunal. Fue tal el malestar que Bolaños llamó el mismo día a Marín y alguno de los jueces señalados por la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que les tildó de "indecentes" y pidió que fueran "juzgados".
Así, lo que en origen iba a ser un encuentro para tratar la dramática situación del Supremo, con 24 vacantes, dejará hueco también a la polémica de Junts. Está por ver si Marín recrimina a Bolaños por ello o da por buena la defensa que el ministro lleva haciendo desde hace días del trabajo de los jueces. EFE
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