El conflicto por el “abuso” –en palabras de los empresarios– de varios intendentes con la aplicación de las tasas municipales para recaudar más no es nuevo. Las quejas de supermercadistas, bancos y representantes del mundo hotelero, entre otros, data ya de varios años. Pero recobró trascendencia pública en los últimos días a partir del anuncio del intendente de Lanús, Julián Álvarez, de que subiría la Tasa de Seguridad e Higiene (TSH) a tres cadenas de hipermercados para ofrecerle exenciones o reducciones de alícuotas a más de 500 almacenes barriales. A partir de septiembre, Lanús subió la TSH de 2,36% a 6% y generó una catarata de cuestionamientos no sólo de parte de los afectados, en este caso los supermercadistas, sino también del Gobierno Nacional, que ya venía estudiando el tema y analiza distintas estrategias para contraatacar las embestidas municipales.
Lo que ocurre es que en los últimos meses se intensificaron estas decisiones de varios gobiernos locales en busca de compensar los ingresos que pierden por otro lado. Las provincias y municipios no sólo perciben menos fondos propios por la merma de actividad, sino que también reciben menos coparticipación y, naturalmente, menos transferencias discrecionales. Es por eso que los intendentes de todo el país, pero especialmente los bonaerenses, empezaron a echar mano a la suba de tasas ya existentes y a la creación de otras nuevas, que en muchos casos no tienen una contraprestación clara, para cubrir esos agujeros.
“Las alícuotas de Ingresos Brutos y tasas municipales están en los niveles más altos históricos, por lo que la presión tributaria actual es insostenible en el tiempo. Esta situación provoca la erosión de la poca rentabilidad del supermercadismo, pudiendo en algunas plazas transformarla en rentabilidad negativa”, afirmó el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez.
Los supermercados remarcan que si bien toda tasa debe tener una contraprestación efectiva, individualizada y equivalente al servicio prestado, desde hace varios años, los municipios han transformado esta tasa en una especie de impuesto sobre los ingresos brutos. “El sector se encuentra tributando dos veces sobre el mismo hecho imponible y en contraposición con lo exigido por la Ley de Coparticipación Federal. Hoy es un problema porque esta tasa ha transformado algunas plazas en no rentables, dado que el municipio absorbe la totalidad de la poca rentabilidad que venían generando en este contexto”, dijeron otras fuentes del sector.
Técnicamente, los municipios cobran tasas porque dan un servicio a cambio. En el caso de la de Seguridad e Higiene, se cobra por el control de la seguridad, salubridad e higiene en locales y establecimientos dedicados a las actividades comerciales o industriales. Lo que ocurre es que en muchos casos el porcentaje que se busca obtener supera enormemente al costo que implica ofrecer ese servicio. Y ahí es cuando ya comienza a tratarse de un impuesto. Lo mismo cuando se aplican tasas que no tienen una contraprestación clara.
Históricamente las alícuotas de TSH rondaban el 1%, pero hoy son muchos los intendentes que cobran porcentajes mucho más elevados, además de crear otras tasas que, en muchos casos, no tienen ninguna contraprestación.
- Lanús: pasó de 2,36% a 6%.
- Pilar: siempre fue la más gravosa; hasta el momento, se mantiene en 4,50%.
- Luján: se elevó de 3,40% a 4,20%. A la TSH se le suma un 1,50% en concepto de Tasa de Protección Ambiental, lo que hace que las cadenas tengan que pagar un 5,70% de la facturación.
- Quilmes: 3,74%.
- Neuquén (ciudad): Cobra un monto fijo por escala de facturación + una Contribución al Plan Forestal y habitacional (100% de la TSH) + Residuos Urbanos Voluminosos (25% de la TSH). En total, se llevan 6% de la facturación.
- Hurlingham: 3,5% + Tasa de Comedores y Merenderos del 1%. Total: 4,50%.
- Lomas de Zamora: aumentó de 2,25% a 2,70%.
- Moreno y Bahía Blanca: 2,60%
- La Plata: 2,50%.
Por otro lado, rige la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza, que según los supermercados, “es quizás donde mayores diferencias entre municipios se generan por un mismo servicio como contraprestación”. Según las fuentes del sector, el promedio nacional en 22 jurisdicciones provinciales y 80 municipios ronda los $4 millones anuales, pero “hay algunos municipios que, sin lógica alguna, cobran cifras exorbitantes en comparación con sus municipios vecinos y con el supuesto costo directo e indirecto que dicha prestación podría representar al municipio”. Los casos más emblemáticos en el Gran Bueno Aires (GBA) son:
- San Fernando: una tienda puede llegar a pagar hasta $1.000 millones anuales. Un 6% de la facturación. En 2024 subió más del 300% versus el 2023.
- Avellaneda: una tienda puede llegar a pagar hasta $800 millones anuales, que equivale a 5% de la facturación.
- Pilar: una sucursal puede llegar a pagar hasta $100 millones anuales. Un 3% de la facturación.
- Quilmes: una tienda llega a pagar hasta $70 millones anuales. Un 3% de la facturación.
- La Matanza: un local llega a pagar hasta $60 millones anuales. Un 2,5% de la facturación.
- Lomas de Zamora: una sucursal llega a pagar hasta $40 millones anuales. Un 2,5% de la facturación.
También hay otras tasas distorsivas y cuya prestación genera, para los supermercados, muchas dudas y controversias. Es el caso de la Tasa de Protección Ambiental, que en Luján representa el 1,50% de la facturación, y en Pilar implica una percepción a todos los clientes de $56,64. O las denominadas “ecotasas” o tasas de envases, que cobran en Tigre, San Fernando, Campana y San Martín a los supermercados por los tipos de packaging que los proveedores producen (Aerosoles, pañales, tetra brick, pet, entre otros). A su vez, el municipio de Hurlinghan comenzó a cobrar este año la Tasa de Comedores y merenderos, que representa el 1% de la facturación de los supermercados, dinero que se destina a comedores. Es decir que tiene un fin social.
Otra de las tasas cuestionadas por el supermercadismo es la de Publicidad y Propaganda, que en los municipios de La Matanza y Córdoba se pagan cifras mucho más elevadas que en el resto.
En ese sentido, Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, cuya ciudad emblemática es Mar del Plata, se pronunció este miércoles en sus redes sociales contra los municipios que lo único que logran es “ahuyentar las inversiones”.
“Los municipios están subiéndole las tasas a los supermercados al 6%. Eso es ahuyentar las inversiones de tu ciudad. En Mar del Plata las tasas están al 0,9% y van a seguir estando al 0,9%. Eso es previsibilidad. Vengan todos”, invitó a las empresas Montenegro, y adjuntó imágenes para mostrar cómo dos grandes cadenas de supermercados están prontas a inaugurar sucursales en la ciudad balnearia.
La pelea de los bancos
El sector financiero es otro de los que padece, con las sucursales bancarias en los diferentes municipios, del abuso de muchos intendentes que aumentan las tasas con fines recaudatorios.
Desde la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), su titular, Javier Bolzico, manifestó que en los últimos años varios municipios comenzaron a cobrar “tasas desproporcionadas, sin relación con los servicios que prestan” y “son una forma de extraer recursos de los usuarios financieros a cambio de nada, lo que les quita legitimidad y torna cuestionable su legalidad”. “En lo que va de 2024, los aumentos de tasas duplican y hasta triplican la inflación del período, agravando aún más la situación. Inexplicable”, afirmó el directivo ante la consulta de este medio.
Además, remarcó que “las altas tasas municipales, cuando son excesivas, tornan económicamente inviables las sucursales y los cajeros automáticos en ciertas jurisdicciones. De esta forma, impiden la oferta de servicios financieros en esos lugares, perjudicando a sus ciudadanos”.
“Paradójicamente, el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos es el que más limita sus posibilidades de inclusión financiera y desarrollo económico, por su voracidad fiscal. Hay casos de entidades que debieron trasladar las sucursales a otros municipios cercanos, debido a la alta carga de las tasas. En otros casos directamente debieron cerrarla, sin posibilidad de traslado. Las tasas municipales espantan a las sucursales bancarias cuando se tornan excesivas”, cuestionó Bolzico. Sin embargo, también consideró importante mencionar hay otros municipios que actúan con responsabilidad y cobran tasas proporcionales a los servicios que prestan.
Otro de los manotazos de ahogado de los intendentes fueron los aumentos en las tasas viales, que vuelven más caro el litro de combustible para los consumidores. De hecho, uno de los intendentes que jugó fuerte en el sentido contrario fue Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, quien dijo esta semana vía la red social X que su bloque está promoviendo una ordenanza de transparencia fiscal para que en todas las estaciones de servicio de Tres de Febrero se aclare que no se cobra Tasa Vial, es decir, no encarece con un extra municipal el precio del combustible a los consumidores.
En Buenos Aires, Merlo, Pinamar y General Pueyrredón son los que más cobran, 3% sobre el precio de la nafta, aunque Neuquén y Cipoletti, en Río Negro, aplican una tasa del 4,5%.
La estrategia que analiza encarar el Gobierno
El Ministerio de Economía está observando con detenimiento este incremento de tasas que están aplicando los municipios y en el área de Legales analizan qué estrategia adoptar. Lo dijo el ministro, Luis Caputo, vía X, días atrás: “Los municipios están aumentando de forma descontrolada sus tasas y lo hacen no solamente con fines recaudatorios sino también políticos: obstaculizan el programa económico que lleva adelante este gobierno para bajar la inflación y, como siempre, los grandes perdedores son los ciudadanos”.
Además, explicó: “Para que la gente lo entienda: las tasas tienen que tener, según la Corte, una relación directa con un servicio efectivamente prestado; y el monto, como es obvio, tiene que guardar razonable proporción con el costo de ese servicio que retribuye. Las tasas en aumento no solamente carecen (en muchos casos) de una prestación efectiva y directa, sino que, además, su monto es completamente exorbitante e irrazonable. Esto se traduce en un evidente incremento de los precios que pagan los consumidores. Lo peor: cobardemente las Municipalidades esconden sus aumentos en facturas de otros bienes o servicios, ajenas a ellas. Ya me he reunido con distintos actores involucrados en la problemática y estamos analizando la mejor estrategia para frenar a los vivos de siempre. La baja de la inflación es innegociable”.
Fuentes del Palacio de Hacienda analizan dos caminos: por un lado, la judicialización vía la Corte Suprema, y por otro, trabajar en un proyecto de ley que limite la posibilidad de que las provincias y municipios puedan incrementar sus impuestos sin límite. “Las municipalidades tienen autonomía, entonces en algunos temas no tenés competencia originaria en la Corte. Lo estamos estudiando, viendo qué está haciendo cada uno y donde podamos ejercer presión desde el legislativo se va a hacer y donde podamos hacer presentaciones judiciales con competencia originaria de la Corte también vamos a hacerlo”, dijeron fuentes de Economía.
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