El campo volvió a tener un rol centralen la agenda presidencial de la mano del ingreso de la Ley Ómnibus a la Cámara de Diputados, en la que varios capítulos de la hacen referencia al sector, como en la definición de un nuevo esquema de retenciones, cambios sanitarios y regulatorios de la industria cárnica, de pesca y de biocombustibles que generó tanto apoyos como duras críticas en el sector.
Sin dudas, el capítulo más abarcativo para el agro fue el de los derechos de exportación, donde se impulsó la suba de la alícuota al 15% en gran parte de los complejos granarios y de carnes, mientras que la vitivinicultura y el aceite de limón pasaría a tributar un 8% y la harina y aceite de soja un 33%. De estos aumentos, quedan exentos una veintena de producciones de las economías regionales.
Al respecto, y haciendo un análisis general de las normativas sugeridas en el Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, vio como “auspicioso que empecemos a discutir temas desregulatorios, que nos permitan tener un panorama más claro y previsibilidad, para generar la confianza necesaria para hacer las inversiones en nuestras empresas y explotaciones productivas. Son temas muy sensibles, que hay que discutirlos un poco más”.
“Las retenciones son un mal impuesto y regresivo y no es lo ideal” (Laucirica)
Respecto concretamente a las retenciones, Laucirica opinó que “son un mal impuesto y regresivo y no es lo ideal”, pero que “por suerte, en algunas economías regionales tuvieron en cuenta observaciones y entendieron que la suba era un disparate. De haber tenido un 15% algunas producciones, hubiera significado el fin de muchas de ellas”.
“Otra cuestión importante respecto a los derechos de exportación es que fue al Congreso y allí se van a discutir este tema. Son retenciones de hasta un determinado monto y nos han asegurado que ha medida que comprobemos el perjuicio económico en las mismas, se podrá bajar la alícuota por parte del Poder Ejecutivo. Seguiremos discutiendo en el Congreso”, finalizó el dirigente empresario en diálogo con Infobae.
Por su parte, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) emitió un comunicado al ser conocido el nuevo esquema de retenciones en el cual expresó “su profunda preocupación y rechazo a la Sección VI (Derechos de Exportación)” y reiteró “que este tipo de proyectos con subas de derechos de exportación son contradictorios con la generación de empleo, producción y exportaciones que ha expresado el gobierno”.
“Si bien se comparte la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal, dicho objetivo no sucederá aumentando impuestos a economías regionales agroindustriales y otras cadenas de valor agroindustriales exportadoras como carnes, pesca, complejo industrial de la soja y del trigo, entre otros. El CAA alertará de esta errónea decisión a los legisladores y procurará que se corrija y elimine la suba de derechos y demás medidas previstas en la Sección VI del mencionado proyecto ley” y recordó que “el gobierno entrante anunció en su campaña que iba a eliminar la facultad del Poder Ejecutivo de imponer derechos de exportación y que procedería a no imponer este tipo de impuestos”.
Carne
Por su parte, el sector cárnico argentino celebró las modificaciones que el Gobierno pretende hacer en la industria, ya que el Estado nacional, de aprobarse la propuesta, pasará a “reglamentar, en todo el territorio del país, el régimen de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se faenan animales, o se elaboran o depositan productos de origen animal. Ese régimen comprenderá los requisitos de construcción e ingeniería sanitaria, los aspectos higiénicos, sanitarios y ambientales de elaboración, industrialización y transporte de las carnes, productos, subproductos y derivados de origen animal destinados al consumo en cualquier parte del territorio del país o a la exportación”, cita el artículo n°228 de la Ley Ómnibus..
Al respecto, el Consorcio de Exportadores de Carnes (ABC), la Federación de la Industria Frigoríficos Regionales (FIFRA) y la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA) recibieron con “beneplácito una reforma solicitada durante años por el sector, y que da garantías a la salud de los consumidores argentinas al establecer un Estatus Sanitario Nacional y designar una autoridad sanitaria a nivel federal con poder de control sobre la faena, elaboración, y transporte de productos y subproductos bovinos en todo el territorio nacional”.
El sector cárnico argentino celebró las modificaciones que el Gobierno pretende hacer en la industria
“Aplaudimos el espíritu de esta normativa que garantizará para los consumidores de todas las provincias y municipios del país el acceso a un alimento seguro, de alta calidad nutricional y con un debido control a cargo de la autoridad sanitaria federal en materia de productos de origen animal. Nos merecemos, como un país consumidor de proteínas de origen animal, tener aseguradas las garantías de inocuidad y un estándar sanitario de plantas de faena adecuado a condiciones higiénico-sanitarias que garanticen la salud de los consumidores de estos productos”, concluyó el comunicado conjunto.
Pesca
La pesca no solo sufrió la suba de retenciones al 15%, sino que también el Gobierno propone cambios en la Ley 24.922, que establece el Régimen Federal Pesquero, que regula la actividad y en el Consejo Federal Pesquero, que es el organismo de aplicación del mismo y en parte del sector no ven con buenos ojos esta estos cambios.
En diálogo con Infobae, el presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera, Sebastián Agliano, sostuvo que “las modificaciones fundamentales que se pretenden hacer en la ley es en la cuotificación que instauró la normativa vigente, sobre todo sobre la merluza hubbsi, ya que la mayoría de los recursos no tiene cuota. Esta cuotificación, lo que hizo, es tomar un montón de parámetros, como la mano de obra generada en tierra, que mientras mayor sea, más posibilidades de obtener cuotas tienen las empresas. También se toma en cuenta el promedio de toneladas pescadas en los últimos ocho años, el promedio de los productos elaborados en tierra, y otros puntos más”.
“La reforma incluye cambios en las facultades del Consejo Federal Pesquero (CFP), en la Subsecretaría de Pesca y, fundamentalmente, en este sistema de cuotificación. Hoy la modificación habla de que van a ser concesiones temporales que no podrán superar por empresa el porcentaje que dictamine el CFP y que las mismas se licitan por diez años y de acuerdo a los valores a nivel internacionales. Esto quiere decir que el que más pague, más cuota tiene”, explicó el dirigente empresario marplatense.
Agliano se quejó de que la industria pesquera no haya sido consultada al respecto y que ni siquiera haya un referente a nivel gubernamental con quien discutir situaciones del sector. “No sé quién redactó esto, ni si tiene idea de política pesquera. Acá somos una familia grandísima, que va desde las lanchas artesanales de Mar del Plata a los congeladores que procesan todo a bordo y después exportan. Son empresas argentinas o extranjeras radicadas aquí. Todo ese esquema, si lo van a sustituir por el que más plata tenga, cerremos las pymes familiares y nos vamos. Entonces, ¿qué hacemos con la gente empleada que tenemos? Me parece poco serio que se haya presentado una reforma de pesca sin haber escuchado al sector”.
Biocombustibles
Otra ley que sufriría modificaciones sería la de Biocombustibles. Allí, si bien el Estado seguirá siendo quien defina el porcentaje de mezcla entre biocombustibles y combustibles fósiles, libera a la libre competencia interna entre pymes y empresas de mayor escala, en general multinacionales, para suministrar el producto a las petroleras, como así también las partes serán libres de pactar precios entre si.
Para el presidente de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradores de Biocombustibles (CEPREB), Federico Martelli, consideró que dichas modificaciones significan “un impacto totalmente negativo, ya que así como está redactada la ley, manda a la quiebra a 27 empresas pymes productoras de biodiésel”.
Según comentó Martelli a este medio “en el año 2006, cuando se diseñó el esquema productivo de biocombustibles, se le otorgó el mercado interno a las pymes y el mercado externo a las integradas (grandes empresas exportadoras que, al mismo tiempo, elaboran aceite de soja, la materia prima para producir biodiésel). Estas últimas no podían vender en el mercado interno para el corte obligatorio y las pymes no podían tener ni una escala mayor a 50.000 toneladas anuales ni tener sus propias plantas aceiteras. Entonces, los volúmenes de producción estaban restringidos por ley y se debía comprar materia prima a las aceiteras”.
“Este proyecto de ley, al plantear libre mercado y el libre intercambio entre las partes integrando precios y volumen, lo que hace es que las petroleras directamente puedan ir a comprarle a las integradas, que son las que deben proveernos a nosotros la materia prima para fabricar el biodiesel. Es un plano de desigualdad el que se plantea, porque obliga a las 27 pymes a competir con multinacionales que fabrican su propio aceite, que nos venden a nosotros y que tienen plantas con una competitividad mayor por la escala que adquirieron, que a nosotros estaba prohibido alcanzar por ley. Entonces, desregular el mercado de un día para el otro nos expone directamente a competir de manera desigual con los grandes jugadores globales, lo cual nos manda a la quiebra”, concluyó.
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) —compuesta por las mencionadas empresas intergadas—, Luis Zubizarreta, consideró los cambios propuestos por el Gobierno nacional como favorables para el sector, ya que da mayor libertad al mercado y deja de discriminar a parte de la industria productora.
“Nosotros fuimos siempre bastante críticos con la ley actual, que todavía está vigente, porque consideramos que discriminaba a una parte de la industria de manera injustificada y muy discrecional. Nos parece que los cambios que se están proponiendo son los correctos, donde se genera un ámbito de competencia, donde los precios sean definidos por la oferta y demanda y en donde el consumidor tenga la libertad de comprarle a quien le ofrezca la mejor opción”, dijo a este medio Zubizarreta.
Para Zubizarreta, “de esto se trata la competencia, de ser más eficiente para vender el producto más barato y esa es la belleza del esquema de libertad de precios que incentiva a producir a un costo menor para poder vender a menor precio, generando un círculo virtuoso de eficiencia y de competitividad a toda la economía”.
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