Con 111 votos, el pleno del Congreso aprobó este jueves eliminar el matrimonio infantil, una práctica nociva que, según Naciones Unidas, afecta de forma desproporcionada a las niñas y adolescentes, a quienes expones a la violencia doméstica y las empuja a la deserción escolar.
La sesión comenzó por la mañana, pero fue a cuarto intermedio después de que la legisladora fujimorista Rosangella Barbarán indicara que debían hacerse cambios en el texto sustitutorio, que finalmente fue sometido votación con respaldo mayoritario y quedó exonerado de segunda votación.
Los únicos diputados que se abstuvieron a emitir su voto fueron Gladys Echaíz (Renovación Popular), Víctor Cutipa (no agrupado) y José Balcázar (Perú Bicentenario), quien preside la Comisión de Educación del Parlamento y ha defendido las uniones con menores mediante discursos aberrantes y sin sustento.
El proyecto de ley, presentado a finales de 2022 por Flor Pablo (Integridad y Desarrollo), establece como prohibición especial que los menores de 18 años puedan contraer matrimonio, de modo que estas uniones serían declaradas nulas.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la práctica expone a las niñas a violencia doméstica y las empuja a la deserción escolar. El artículo 42 del Código Civil, que apunta a ser suprimido, incluye la siguiente frase: “Excepcionalmente, tienen plena capacidad de ejercicio los mayores de catorce años y menores de dieciocho años que contraigan matrimonio, o quienes ejerciten la paternidad”.
El pleno puede aprobar el dictamen o rechazarlo, con lo cual sería enviado al archivo. En junio pasado, cuando la iniciativa recibió el respaldo en el grupo parlamentario, Unicef celebró este “paso importante en las acciones necesarias para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes (NNA)”.
Sin embargo, un único congresista se abstuvo a votar. Se trata de José Balcázar (Perú Bicentenario), acusado en el pasado de contratar como asesor al juez que lo absolvió en un caso por difamación y de libar licor durante la semana de representación.
A lo largo de su intervención, el parlamentario drenó una serie de absurdos para respaldar su postura frente a una práctica que, legal o no, informal o consensuada, representa una de las formas más generalizada de abuso sexual, de explotación y de violencia, principalmente contra las niñas, de acuerdo con la agencia de la ONU.
En la última década, el país registró casi 5.000 matrimonios infantiles, 464 de los cuales involucran a menores de 16 años y seis, a menores de 11, 12 y 13 años; todas mujeres, según datos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) difundidos por La República. La entidad no respondió al diario cómo logró inscribir estas últimas uniones ilegales. Aunque también hay niños que se casan antes de los 18 años, no es un cuadro común ni intervienen las mismas causales que para las niñas.
“Resulta que el matrimonio en el Perú se ha vuelto disfuncional. Hoy la gente no se casa, todas son uniones de hecho. Desde los 14 ya están embarazadas las chicas. Con la ley queremos prohibir aquellas personas que resultan embarazadas siendo menores de edad, ¿pero cómo?, si el sexo lo mantienen más allá de lo que se ha dicho aquí —que, en algunos casos, los padres las venden a las chicas en la selva”, dijo Balcázar al justificar su abstención.
“En las ciudades grandes, las uniones de hecho son tempranas, las relaciones sexuales son tempranas, y la medicina legal sabe perfectamente que, mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer. El problema es cómo prohibir el embarazo, falta educación sexual ahí. Pero el matrimonio es disfuncional, ¿qué hacemos con las personas que ya tienen hijos y que están conviviendo sin violencia siendo menores de 18 años?”, siguió.
Las declaraciones fueron condenadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ha elaborado una propuesta similar para suprimir estas uniones. Sin embargo, a diferencia de la fórmula que verá el Parlamento, la iniciativa de la cartera agrega un mecanismo de denuncia y acción para que cualquier persona con conocimiento de una unión temprana y forzada pueda elevar una denuncia ante el Ministerio Público para que actúe de oficio.
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