Hace 11 años, un 16 de abril, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso un Proyecto de Ley que declaraba de interés público a la actividad hidrocarburífera y ordenaba expropiar el 51% de las acciones de YPF que estaban en manos de la española Repsol desde la privatización de la petrolera, en 1999.
Se argumentó en ese momento que había que recuperar la soberanía energética y frenar la caída de la producción. Días después, el Congreso aprobó la propuesta de CFK que había salido del Ministerio de Economía, más precisamente del despacho de Axel Kicillof, quien era viceministro y se convirtió luego en vocero y una de las caras centrales de la expropiación.
“El modelo no es de estatización, que quede claro, sino de recuperación de la soberanía y control de un instrumento fundamental. No será manejada por un grupo empresario nacional ni internacional, sino por el Estado nacional”, dijo en ese momento la Presidenta. “Lo único que lamento –agregó– es que él [por Néstor Kirchner] no pueda… Creo que desde algún lado lo está viendo, pero me gustaría que me estuviera mirando como hacía siempre, porque él siempre soñó con recuperar YPF para el país”, agregó.
El Estado le pagó a Repsol y dejó de lado a otros accionistas minoritarios.
Esa decisión política costará al menos unos USD 5.000 millones más. Podría ser mayor el resarcimiento a pagar: hasta USD 16.000 millones. De eso se discute en estos días en Nueva York, donde hoy terminará el juicio en la corte del Distrito Sur de Manhattan a cargo de la jueza Loretta Preska. Allí se dirimen causas vinculadas con empresas que cotizan en Wall Street y la petrolera está listada en esa bolsa desde hace 30 años. Meses atrás Argentina fue declarada culpable de haber expropiado mal la empresa, luego un extenso reclamo que iniciaron accionistas que le terminaron vendiendo los derechos a litigar al bufete inglés Burford Capital.
Ahora sólo resta que la jueza ponga el número y habrá que pagar. Será una instancia larga, con un par de apelaciones en el medio, pero habrá que pagar. Para el gobernador Kicillof el fallo que condenó a Argentina en EEUU es un “absoluto absurdo jurídico”.
Escenas de la expropiación
“Se discutió mucho. Repsol quería vender Vaca Muerta para financiarse en Medio Oriente. Podía hacerlo, pero nos hacía un agujero. Por eso se tomó la decisión. El Tribunal de Tasaciones aprobó; la AGN lo mismo, todos los informes fueron positivos. La oposición dice que la pagamos caro y la justicia de EEUU, barato”, le dijo a Infobae en 2019 Emanuel Álvarez Agis, por entonces subsecretario de Programación macroeconómica e interventor del downstream de YPF, o sea del negocio de venta al público.
“Hoy se explora gracias a esa operación que hicimos”, asegura el economista que recuerda esos días de 2012 como “horribles, de mucho trabajo y negociación, dos meses enteros discutiendo bonos, colaterales y precios”.
Un año antes de la decisión habían aparecido los primeros vestigios de reservas de shale en la Argentina. En 2013 la Agencia Internacional de Energía lo ratificó: el país tenía la segunda reserva mundial de shale gas y la cuarta de shale oil. Según los argumentos kirchneristas de entonces las reservas cayeron, Repsol vendió activos por USD 3.000 millones, redujo la inversión y se endeudó por USD 9.000 millones, cuando el histórico era USD 4.000 millones. “Fue un vaciamiento”, remarcan y muestran los números de crecimiento después del gobierno de Mauricio Macri.
“No es una empresa que haya apostado al crecimiento del país y menos al crecimiento que implique poner de pie a la industria nacional”, dijo Kicillof en el Senado. Fue acompañado por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y los secretarios de Obras Públicas, José López y de Energía, Daniel Cameron. ”No le vamos a pagar lo que ellos quieran, esos USD 10.000 millones. Los tarados son los que piensan que el Estado debe ser estúpido y cumplir lo que dice la propia empresa”, dijo el actual gobernador bonaerense.
“¿Quién fue el tarado y el estúpido al final?”, lo chicaneó ayer Alfonso Prat Gay, quien en 2012 era diputado y se abstuvo en la votación. En 2016, como ministro de Economía de Macri, pidió “perdón” en España por la expropiación.
Votaron a favor de la nacionalización muchos radicales, algunos muy críticos hoy del kirchnerismo, como Ricardo Gil Lavedra, Luis Juez y Mario Negri. También Gerardo Milman, Ricardo Alfonsín y Jorge Chemes, ex integrante de la Mesa de Enlace, y Ricardo Buryaile, ex ministro de Macri. María Eugenia Estenssoro, senadora e hija del ex presidente de YPF, José “Pepe” Estenssoro, también se abstuvo.
Algunos de los que votaron en contra fueron Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Graciela Camaño, Graciela Ocaña, Jorge Triaca y Eduardo Amadeo. Carlos Menem estuvo ausente.
Juez votó a favor, pero dudó y dijo que la aprobación le generaba “temor de que sea un cheque en blanco” para el kirchnerismo. Sin embargo aseguró que la decisión era una “maravillosa revancha” por devolverle “al Estado una empresa que nunca debió dejar de ser del Estado”.
“Todo se hizo tan mal que la prensa española habló de confiscación porque la expropiación impone que haya un precio, y no lo hubo. Fue una fiesta épica del populismo. Me convocó la oposición al Congreso y yo dije que con el acto ya realizado había que ponerse a pensar cuánto íbamos a tener que pagar. Nos salió caro, al final: Repsol hizo juicio y el ministro expropiador e interventor se apuró a pagar USD 5.000 millones con títulos públicos que valían casi el doble. Esas locuras épicas siempre hipotecan el futuro”, aseguró Daniel Montamat, consultor y ex presidente de YPF, a Infobae semanas atrás.
Mientras hablaba Cristina, aquel 15 de abril, un grupo de funcionarios de Julio de Vido irrumpió en la casa matriz de YPF. Algunos ejecutivos que ese mediodía habían salido a almorzar no pudieron volver a ingresar, tuvieron que ir derecho a Recursos Humanos. Todas la área fueron intervenidas y hubo rápidas entrevistas puntuales para ver quién era quién y, sobre todo, “de qué lado estaban”, según recordó un ejecutivo de entonces.
Días después se hicieron “famosos” los almuerzos en el piso 33 de la torre de Puerto Madero, ya con Kicillof como director. A pesar de los discursos encendidos, Repsol dejó a dos directores hasta que les pagaron todo. Las asambleas eran antológicas. “Los gallegos hacían show y las asambleas duraban 12 horas porque les cuestionaban todo”, recordó otro ex funcionario.
En una de esas comidas, Antonio Brufau, el presidente de Repsol, se sorprendió cuando entraron al coqueto comedor mozos con bondiolas completas que Kicillof había mandado a su chofer a comprar a un carrito de la Costanera. Los españoles de Repsol y los banqueros del JP Morgan, se miraron e hicieron algún malabar para comer los jugosos sándwiches. “Hubo chimichurri para todos y todas. Les gustó”, resumió uno de los presentes.
En esa negociación se acordó que el Estado le pagaría a Repsol USD 4.000 millones en bonos. Algunas fuentes insisten que, con los intereses, fue más del doble. Ahora se sumarán, al menos, USD 5.000 millones más.
“El año pasado YPF tuvo ingresos por 18.000 millones de dólares y un EBITDA de 5.000 millones de dólares. Con un EBITDA pagaríamos esta sentencia que es injusta y después tendríamos reservas por 150 años de gas”, dijo hoy el actual presidente de YPF, Pablo González.
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