En tiempos difíciles para el periodismo en la región por el deterioro democrático en muchos países, la persecución de gobiernos autoritarios a la prensa independiente, el ataque del narcotráfico a la tarea periodística, el hostigamiento en redes sociales y los peligros de la desinformación, el periodista argentino Carlos Lauría asumirá el desafío de convertirse en el nuevo director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a partir de noviembre. Su designación fue anunciada luego de un proceso de selección que comenzó en abril y que incluyó a 107 postulantes. Residente en Nueva Jersey, Estados Unidos, Lauría dedicó los últimos 20 años a la defensa de periodistas y de la libertad de expresión. Reemplazará a Ricardo Trotti, quien se retirará tras 30 años en el organismo, los últimos nueve al frente de la Dirección Ejecutiva.
Si bien la designación se conoció ayer, su asunción se hará efectiva el 12 de noviembre luego de la reunión anual de la SIP que tendrá lugar en el Distrito Federal de México. Desde su rol como director ejecutivo tendrá entre sus principales tareas apoyar a los socios locales y al presidente, así como a los que ofician de voceros de las posiciones y decisiones del organismo sobre los problemas que afectan a los periodistas y a los medios en los distintos países de la región.
Graduado en Periodismo de la Universidad Católica Argentina (UCA), Lauría se estableció en 1994 en Nueva York, como corresponsal jefe en Estados Unidos para las revistas de Editorial Perfil. Hasta 2020, fue miembro del jurado de los prestigiosos Premios Maria Moors Cabot que otorga la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia. Con una extensa trayectoria profesional, estuvo a cargo del programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) entre 2002 y 2017. Desde ese año y hasta 2021, encabezó el área de libertad de expresión del programa de periodismo independiente de la Fundación Open Society, con sede en Londres. Ese rol le permitió entrar en contacto con la difícil situación que enfrenta la prensa en países de África y del sudeste asiático. También fue consultor de la UNESCO, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Global Press y el Centro Tow para el Periodismo Digital en la Universidad de Columbia.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en el continente americano. Con sede en Miami, la integran más de 1.300 medios, entre ellos Infobae. Está presidida actualmente por Michael Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, quien destacó en un comunicado el nombramiento de Lauría: “Carlos, además de su sensibilidad por el periodismo y los medios, aportará una nueva visión para ayudar a sobrellevar la crisis que atraviesa nuestra industria”.
Lauría analizó en una entrevista con Infobae, las amenazas al periodismo en los distintos países de la región. En diálogo telefónico, mostró su preocupación por el ”discurso crecientemente intolerante, beligerante y agresivo” que existe en Argentina por parte de políticos y funcionarios, y su “impacto directo en el trabajo de los periodistas”. También alertó sobre el rol de la prensa independiente en “las democracia en declive” en las que “el debate público está seriamente contaminado por la desinformación”, y sobre las oportunidades y riesgos de la inteligencia artificial para el periodismo.
-¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el periodismo en la región?
-La SIP, a través de Carlos Jornet (director periodístico del diario La Voz del Interior, de Córdoba) que es presidente de la Comisión de la Libertad de Prensa, describió en la reunión de abril una serie de problemas que están afectando a la libertad de expresión en la región. Y enumeró el tema del declive de las democracias, la desinformación que contamina el debate público, las intimidaciones, así como el acoso legal, la violencia y crímenes contra periodistas, todos temas que preocupan mucho y afectan a la prensa libre.
El 2022 fue el año más letal en las últimas tres décadas de América Latina por la cantidad de homicidios. México es el país con mayor índice de asesinatos de periodistas. Pero no es el único. También Honduras y El Salvador tienen cifras tremendas, así como Colombia que tiene un registro oscuro en materia de periodistas caídos en cumplimiento de su labor informativa. Habla de un problema muy grave, acentuado por el hecho de que la mayoría de las muertes de periodistas quedan en la impunidad.
-¿Por qué México no ha podido resolver su nivel de homicidios a periodistas?
-No es un problema que afecta al periodismo exclusivamente, hay asesinatos de ciudadanos comunes, de policías, de fuerzas de seguridad, de médicos, en todos los sectores. Las cifras se asemejan más a países en conflicto que a una democracia vibrante como la mexicana. En muchos lugares de México, antes se concentraba en la frontera norte, ahora es generalizado en todo el país, los periodistas no pueden decir ni una palabra sobre determinados temas. Cobertura de crímenes simplemente, o temas de corrupción son intocables para muchos periodistas. Ni hablar de hacer periodismo de investigación. Y la sociedad necesita de una prensa independiente que pueda informar con libertad sobre los temas sensibles que afectan a la ciudadanía. Una comunidad desinformada es una comunidad menos democrática. Y eso es lo que está pasando. Es un puñal en el corazón de la democracia.
Muchos periodistas están o estuvieron en la línea de fuego Yo perdí un amigo querido allí, Javier Valdés Cárdenas. Había sido uno de los fundadores del periódico Riodoce y fue acribillado en mayo de 2017. Había recibido varios premios en reconocimiento a su labor. Trabajaba midiendo lo que podían publicar o no. Mirando por sobre el hombro a ver si venía alguien que lo atacara. A él lo asesinaron a sangre fría a plena luz del día. Lo emboscaron cuando salía de la revista. Lo hicieron arrodillar en la calle y le dieron más de diez balazos. Una ejecución terrible. Impactante. Como ha habido otras, pero bueno, esa es una que me tocó personalmente asimilar porque era un amigo y cuando escribió la nota que determinó su muerte, me llamó.
Como la libertad de expresión está consagrada en la Constitución de México, corresponde al gobierno mexicano tomar ese asunto. La SIP hizo un trabajo muy fuerte para abogar por la creación de una Fiscalía a nivel federal que investigue los delitos contra la libertad de expresión, cosa que hoy existe. Para modificar la ley a través de una enmienda constitucional que les da a las autoridades federales jurisdicción para atender los crímenes contra la libertad de expresión. Esfuerzos que dieron resultados pero que han sido insuficientes. El problema es que la Justicia, que es tan disfuncional como sobrecargada, que no da abasto, no resuelve los casos de periodistas ni los casos de ciudadanos comunes. Y este problema ha ido creciendo como una bola de nieve a partir del 2007, cuando el presidente (Felipe) Calderón, en aquel entonces, decidió sacar el ejército para combatir al narcotráfico.
Y creo que lo que ha pasado a través de las sucesivas administraciones de gobierno es que no ha habido una voluntad política decidida para afrontar este tema con la prioridad que merece. Porque no es un tema de la prensa solo, está afectando derechos humanos fundamentales. y como tal requiere de una atención prioritaria. Porque no solo tenés comunidades enteras desinformadas, sino que tenés a los encargados de formular políticas públicas que no saben siquiera lo que está ocurriendo en sus comunidades, porque obviamente se informan, en muchos casos, a través de lo que pueden proporcionar los medios como cualquier ciudadano.
-Mencionó Colombia, ¿cuál es la situación en ese país?
-Históricamente, la SIP registró un nivel altísimo de asesinatos de periodistas. Sin embargo, desde el año 2000 en adelante, el número ha bajado y es positivo. Pero siguen ocurriendo porque el tema sigue siendo la presencia de grupos criminales. En su momento, cuando no se había firmado la paz con la guerrilla y los paramilitares, los periodistas fueron víctimas de esos grupos y de la política corrupta. Y ahora lo son de estos grupos criminales narcos que sucedieron a los grandes carteles y siguen atentando contra ellos con altos niveles de violencia. Entonces, una de las cosas que ocurre cuando existen niveles de violencia tan altos es que se genera, hacia dentro del periodismo, un efecto de inhibición y autocensura producto del miedo. El Estado estaba ausente de muchas de estas regiones y los periodistas eran blanco de los actores ilegales, de la política corrupta y de criminales. Estaban en un estado de vulnerabilidad completa.
¿Y en Brasil y Paraguay, dos países vecinos de Argentina?
– Brasil tuvo una escalada de violencia entre 2013 y 2016, especialmente en época electoral, en radios que eran propiedad de políticos. Hubo varios casos, sobre todo fuera de los grandes centros urbanos, contra periodistas radiales y blogueros. Sin embargo, es uno de los pocos países de la región donde se ha dado respuestas judiciales a esos ataques, aunque con tiempo mas lentos que lo deseable.
Paraguay también tiene un problema con la violencia contra periodistas, pero sobre todo en la frontera de Pedro Juan Caballero, la frontera seca con Paraguay que es una zona muy complicada. Ha habido allí un periodista icónico, Cándido Figueredo, corresponsal icónico del diario ABC Color en Pedro Juan Caballero, ahora en el exilio, que durante más de 20 años vivió custodiado por seis guardaespaldas con ametralladoras y su vida tenía precio, fijado por los narcotraficantes de la zona. Y Paraguay tiene varios casos de periodistas también que no han logrado resolverse en la Justicia.
-¿Cómo ve la situación en Venezuela, Nicaragua y Cuba donde hay regímenes dictatoriales?
– El ejercicio de una prensa libre es casi inexistente porque el clima es muy adverso, con una ofensiva constante contra la prensa. Hay una censura muy fuerte y los periodistas independientes deben exiliarse. En Venezuela, desde la llegada de Hugo Chávez, pero cada vez en forma más pronunciada. En Nicaragua, con la amenaza de cárcel o expulsión del país. Cuba castiga con penas de prisión a los periodistas independientes, bajo la figura de atentado contra la soberanía política del Estado y la territorialidad.
-Estuvo hace poco en Ecuador donde, en el que en el marco del proceso electoral, asesinaron a un periodista de investigación reconocido que se presentaba como candidato, Fernando Villavicencio…
-Sí, hice un informe para el CPJ al respecto. En Ecuador se está viviendo una crisis de seguridad sin precedentes, con el avance de grupos organizados. Esta situación de creciente violencia, más un clima de inestabilidad política, tuvo su punto cúlmine con el asesinato de Villavicencio que ha tenido un impacto muy fuerte en el periodismo. Varios periodistas han tenido que salir del país por amenazas muy serias. Otros han perdido su vida en circunstancias muy poco claras en años anteriores. Y a esto sumado el impacto que ha tenido la crisis económica, que no es exclusiva de Ecuador, pero ha dejado a los medios en un estado de vulnerabilidad muy grande. En ese contexto, la elección en la segunda vuelta definirá el futuro de Ecuador, que tuvo durante el mandato de (Rafael) Correa un sistema de represión hacia la prensa muy fuerte. Dictó una de las leyes tal vez más regresivas que se hayan promulgado, como fue la Ley de Comunicación de Ecuador. (NdR: Ecuador volverá a las urnas el 15 de octubre y en la segunda vuelta se enfrentarán la candidata del correísmo Luisa González y el empresario Daniel Noboa)
— Pero esa ley ya fue modificada por el actual presidente Guillermo Lasso…
— En parte sí. Se acaba de reglamentar la nueva ley que termina con algunas de las cláusulas más regresivas de esa ley oscura, con reminiscencias de la dictadura, que imponía una censura violenta y un ejercicio de la intolerancia desde los medios públicos. Desde una tribuna que llamaban el insultadero, el ex presidente Correa todos los sábado, se dedicaba a romper los periódicos, a estigmatizar, a vilipendiar a la prensa de una manera pocas veces vista, de una forma tan sistemática y tan virulenta que los periodistas dicen que aún sienten hoy el peso de esa carga.
— En relación a Argentina, la SIP hace poco había expresado su preocupación por proyectos contra la libertad de prensa en Salta y La Rioja…
— Sí, en el caso de Salta, dijo claramente que se trata de un proyecto conocido como ley mordaza que es muy preocupante porque fija sanciones con arresto a quien difundan noticias supuestamente falsas. Obviamente también lo de La Rioja, donde el gobernador les pide a los medios que sean conscientes del papel que tienen para la formación de opinión pública. La propuesta de una reforma constitucional orientada a limitar la libertad de prensa es verdaderamente alarmante.
— En el marco de la campaña electoral, aumentó el nivel de intolerancia en el discurso hacia la prensa por parte de algunos políticos, como es el caso de Javier Milei. ¿Puede afectar la tarea de los periodistas y la prensa?
— En los últimos 20 años he visto cómo ese discurso crecientemente intolerante, beligerante, agresivo, tiene impacto directo en el trabajo de los periodistas. Las consecuencias pueden llegar hasta los ataques y las agresiones físicas, y es totalmente improcedente en una democracia. La relación prensa-gobierno, prensa-políticos, es una relación históricamente tensa. Los políticos tienen derecho a ejercer su libertad de expresión. Pero la agresión y la beligerancia distorsionan el debate público. Los políticos y los funcionarios, por su rol, están sujetos a un mayor escrutinio y deben aceptarlo como las reglas del juego. Esas descalificaciones y en esas agresiones son un precedente pésimo, y deben tener la condena enérgica del periodismo en su conjunto, pero también de los otros sectores. Porque es un tema que afecta directamente a la libertad de expresión, que es un derecho constitucional y va en contra de los valores de la democracia.
— La SIP ha identificado como una amenaza también la estigmatización de periodistas…
— Totalmente. El hostigamiento a los periodistas ha venido aumentando, potenciado por las redes. Hay ejércitos de trolls y se ha llegado a identificar sus domicilios particulares. Eso es un problema que se está expandiendo en toda la región. En Brasil, por ejemplo, durante el gobierno de (Jair) Bolsonaro, hubo periodistas que recibieron amenazas de abuso sexual.
— ¿En cuánto ha influido la difusión de noticias falsas?
— En mucho. Hay que tener en cuenta que el ambiente actual de beligerancia hacia la prensa se da en un clima donde la difusión de noticias falsas ha contaminado mucho el debate público. Eso dificulta mucho más las cosas porque las mentiras y la información falsa circulan mucho más rápido que los hechos.
— Por último, ¿cómo ve el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del periodismo ?
— Lo dijo Carlos Jornet durante la última reunión de la SIP de mitad de año y es uno de los desafíos nuevos que tiene el periodismo por delante. Es un tema ineludible porque tiene dos facetas bien diferenciadas. Por un lado, está la oportunidad que presenta de seguir innovando, crear nuevos productos, y ofrecer algunos servicios valiosos para la audiencia. Incluso, de hacer tareas que por ahí los periodistas tienen que hacer, pero pueden delegar en la IA para dedicarse a investigar más. Pero por otro lado, también es importante tener en cuenta que trae riesgos, más en este contexto de la desinformación y fake news, porque puede manipular y multiplicar fácilmente la circulación de información falsa.
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