La destrucción del celular de Fernando Sabag Montiel, en las primeras posteriores a su detención, fue uno de los primeros ejes de conflicto en la causa que investiga el ataque contra Cristina Kirchner. La ex vicepresidenta responsabilizó de ese episodio a la jueza María Eugenia Capuchetti semanas después, cuando comenzaba la llamada pista que apuntaba al diputado del PRO Gerardo Milman, aun en trámite, y la entonces funcionaria reclamó la recusación de la magistrada.
La causa avanzó hacia juicio oral, donde hoy Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo esperan el juicio oral que comenzará el 26 de junio próximo. Pero el expediente que investiga qué pasó con ese teléfono tuvo un sorpresivo movimiento: tras un pedido de archivo del fiscal Ramiro González, la jueza María Servini resolvió llamar a indagatoria a tres agentes policiales como sospechosos de haber hecho perder las pruebas del teléfono clave, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
En una resolución a la que accedió Infobae, la jueza sostuvo ayer lunes que “toda vez que se halla configurado el grado de sospecha” cítese a prestar declaración indagatoria al cabo Alejandro Heredia, de la PFA; a la principal Camila Dafne Sereny y al subinspector Pablo Kaplan, ambos de la PSA, para el 26 y 27 de marzo próximo. Le ordenó a la PFA y la PSA que los notifique.
El Tribunal Oral Federal 6, que tiene en sus manos el futuro juicio contra los acusados de haber intentado matar a CFK, le había pedido la copia de la causa para tenerlo a la vista (”add effectum videndi”) pero la jueza Servini que, atento al estado de investigación, no será posible por el momento.
Todo comenzó en la misma noche del ataque, que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2022 en Recoleta. Sabag fue detenido por militantes kirchneristas cuando su arma no alcanzó a disparar contra la ex presidenta. Un subinspector la Federal fue el encargado de resguardar el celular que Sabag tenía entre sus ropas. El Samsung SM-A505G estaba apagado. Según publicó Tiempo Argentino en mayo del 2023, Juan Ramón Meza, un civil que estaba en el lugar y fue testigo del procedimiento, aseguró ante la Justicia que “el equipo estaba encendido” y que en el lugar de hechos “habrían intentado desbloquearlo, hasta que quedó con la pantalla de color azul”.
A las 3 de la madrugada del 2 de septiembre, un agente enviado por la Policía Federal acudió a los tribunales de Comodoro Py a realizar la pericia del teléfono. La jueza Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano -que por esas horas intervino en la causa- esperaban novedades en su despacho y el viceministro de Justicia Juan Martín Mena caminaba por los pasillos del tercer piso, junto al jefe de custodia de Cristina Kirchner Daniel Carbone.
Era el cabo Heredia, como representante del Departamento Técnico Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, que ahora fue llamado a indagatoria por Servini. Aquella madrugada, Capuchetti ordenó que se extrajera la información del teléfono, un celular Samsung, modelo SM-A50 5G, sin IMEI externo; de la tarjeta memoria Micro SD marca Sandisk de 64 GB de capacidad que contenía y la tarjeta SIM de la empresa “Movistar”. El peritaje se realizó mediante la aplicación del sistema UFED para PC. Se pudo obtener la información de las tarjetas, pero el perito informó que no se logró hacer lo mismo con el teléfono: estaba bloqueado con un patrón, según describe el acta.
La jueza dispuso entonces que personal especializado de la Policía de Seguridad Aeroportuaria intentara obtener la información del equipo. Según el acta de la PSA, a las 23 del viernes 2 de septiembre, un agente de Análisis Forense recibió de parte de personal de custodia de la jueza “un sobre abierto, sin planilla de cadena de custodia, el teléfono encendido con error de inicio, encontrándose las tarjetas SIM y de memoria extraídas del slot y adheridas en la parte posterior del equipo con cinta adhesiva”. Eso fue lo que declaró el inspector Kaplan, uno de los testigos de la PSA que fueron convocados a dar testimonio, y que ahora fue citado a indagatoria por Servini.
La PSA tampoco tuvo éxito ese día al revisar el equipo. “No se han podido realizar extracciones de datos del equipo de comunicaciones debido a las condiciones en las cuales se encuentra el mismo -informó el acta-. Luego de reiterados intentos y mediante la herramienta disponible en el equipamiento forense UFED TOUCH2 ‘Samsung Exynon Recovery’ se ha logrado iniciar el equipo de comunicaciones el cual se encontraba con un error en su secuencia de inicio (pantalla), y una vez iniciado se ha visualizado que posee la pantalla de configuración inicial (reseteo de fábrica)”, se informó.
Dafne Seren, otra de las convocadas por Servini, es licenciada en Criminalística de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y fue una de las que el domingo 4 de septiembre desfiló ante Capuchetti junto a otros peritos de la PSA y de la Policía Federal para intentar explicar qué pasó con el celular de Sabag. Un rato después se detuvo a Brenda Uliarte, en una intervención que también dejó cuestionamientos a los federales.
La causa avanzó sin el contenido del teléfono de Sabag. Sí, con los datos de la tarjeta SIM donde aparecieron las fotso de Brenda y Sabag posando con el arma con la que intentaron matar a CFK. Y el 6 de octubre la PSA recuperó solo una parte de lo que había en el equipo: mensajes de Telegram, tres cuentas de Google y de ahí se tuvo acceso a la nube que contenía gran cantidad de archivos multimedia. Unos 50 gigas de datos de la “nube”.
Capuchetti puso en marcha pericia oficial encargada a la Gendarmería Nacional para “analizar los procedimientos” que hicieron la PFA y la PSA al momento de intentar extraer información del teléfono de Sabag Montiel. También dilucidar cuándo y por qué pasó.
El resultado llegó el 26 de noviembre: tal como detalló entonces Infobae, además de confirmar la falta de pericia por parte del enviado por la Policía Federal en la primera manipulación por haber bloqueado el teléfono, el análisis también salpicó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), responsable de haber dejado expuesto aquel primer tropiezo. En ese peritaje se afirma que el reseteo a modo fábrica del celular ocurrió cuando el equipo ya estaba en poder de la PSA, luego de haber recibido instrucciones de avanzar con el intento de la extracción de información.
El año pasado, antes de enviar la causa a juicio oral, la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo ofrecieron a las partes convocar a una junta de expertos para intentar nuevamente acceder al celular. No obstante, allí se advirtió que -en el intento- podía perderse fatalmente todo. Es que se trata de un celular ya usado, comprado en una tienda de segunda mano, que había sido varias veces manipulado. La querella no estuvo de acuerdo, a la espera de mayores certezas.
La semana pasada el Tribunal Oral dispuso hacer lugar, en la instrucción suplementario a un intento para que personal especializado de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico en las Investigaciones Penales (DATIP), junto a los profesionales que eventualmente designen las partes, procedan a la realización de una operatoria de “rooteo” y posterior extracción física del contenido del teléfono celular secuestrado a Fernando André Sabag Montiel, con el objeto de recuperar la información que pudiera haber quedado en el almacenamiento de dicho dispositivo electrónico.
Si en ese teléfono puede haber información clave para develar si alguien estuvo atrás del ataque a CFK, es una pregunta que aún nadie puede responder.
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