Comenzó el debate de Ley Bases en el Senado, y en medio de la discusión y las chicanas legislativas entre el oficialismo y la oposición por la norma que es la columna vertebral de los cambios iniciales que pretende el gobierno de Javier Milei, desde el sector privado se renovó una nueva duda.
Si no se aprueba ese cuerpo legal, sobre todo el capítulo de incentivo a las grandes inversiones, el Régimen de Grandes Inversiones, o RIGI, no podrá hacerse el proyecto de la planta de gas natural licuado, GNL, e infraestructuras aledañas para exportar el gas y el potenciar definitivamente a Vaca Muerta. En el sector energético hay coincidencia al respecto. Esa planta es la instalación necesaria para transformar el gas y hacerlo exportable por medio de barcos, los mismos que hoy importa el país y que generaron fuerte impacto en el gasto de dólares del Tesoro y el BCRA en los últimos años (aunque mucho menos desde que funciona el Gasoducto Néstor Kirchner que inyecta fluido a red nacional y ahorra, en parte, esas importaciones).
El proyecto que nació en el gobierno de Alberto Fernández tiene plena continuidad en éste. Y no es para menos: se trata de la mayor obra de infraestructura de la historia argentina que permitiría, desde 2031 y si se cumplen las previsiones oficiales, exportaciones anuales totales por unos USD 30.000 millones (gas y también crudo).
YPF y la malaya Petronas ya trabajan en los primeros e incipientes pasos del proyecto. Ambas firmaron un acuerdo de entendimiento en 2022 y desde entonces hay reuniones preparatorias, con un ojo puesto en los detalles técnicos iniciales del mega proyecto, y otro en la financiación pero, sobre todo, en los vaivenes políticos de la Argentina. En la petrolera de bandera, que a esta altura está descartado que la administración Milei pretenda venderla, aseguran que el proyecto es “absolutamente estratégico para el Gobierno” y trabajan para que dentro de unas semanas esté definido el lugar en el que se hará la planta y para comenzar a vender los “campos maduros” de hidrocarburos convencionales que tienen que en la Patagonia, uno de los ejes de la nueva gestión que concentra planes y dólares en el shale de Vaca Muerta. Del total de USD 30.000 de exportaciones en siete años, esperan capturar algo menos de la mitad.
El ambicioso proyecto nació con el “factor Argentina” como gran condicionante, y es lo que aún pone dudas sobre su viabilidad y real de concreción. En septiembre de 2022, cuando se firmó el primer acuerdo, Petronas dijo que “la Decisión Final de Inversión de los proyectos se tomará después de que se haya llevado a cabo una evaluación técnica y comercial diligente, respaldada por condiciones fiscales, legislación y políticas propicias”. Pidieron, siguen pidiéndolo seguridad jurídica por ley para el proyecto.
Desde entonces se puso en marcha lo que se conoció como la Ley de GNL, que Sergio Massa impulsó y logró media sanción en Diputados aunque luego nunca avanzó en el Senado. Básicamente, es el mismo proyecto que ahora lleva el nombre de RIGI.
El nuevo presidente de YPF, Horacio Marín, ex Pluspetrol, la petrolera de Techint, tiene al proyecto como uno de los ejes centrales de su gestión y trabaja para cerrar su financiamiento. Se trata de una gran arquitectura que incluye acuerdos con otras empresas y también convenios país-país, con naciones que acuerden directamente con el gobierno de Milei la compra futura de el gas y otros esquemas. Ya hubo reuniones en ese sentido con India, Francia y Alemania, por ejemplo. En el contexto actual suena casi a ciencia ficción para muchos, pero en YPF es una de las máximas prioridades.
“Si no hay RIGI, no hay proyecto. Estamos hablando del mayor proyecto de infraestructura de la historia de este país. Un proyecto del que además de YPF y Petronas van a participar, de una manera y otra, todas las empresas de la industria”, aseguró en diálogo con Infobae, y en estricto off the record, una fuente oficial que está involucrada en el proyecto. El RIGI, para proyectos de más de USD 200 millones, contiene beneficios impositivos y también excepciones en materia cambiaria, estabilidad fiscal y menos pago de Ganancias, entre otros. Fue cuestionado por la UIA por el impacto que podría tener en las pymes locales.
La primera parte del proyecto de la planta de GNL se hará con dos grandes barcos factoría –que se harán en Corea o China. Son superficies que flotan, pero no barcos, en rigor: se instalan en la costa y realizan la licuefacción del gas. Uno de esos barcos será para YPF y Petronas, y debería estar listo en un par de años, y el otro para las demás empresas que se sumen e inviertan. Cada barco requerirá una inversión de unos USD 3.000 millones.
Luego vendrá la construcción de la planta y nuevos “caños”; algo así como tres nuevos gasoductos Néstor Kirchner. La parte más costosa del plan. ¿Dónde se instalarán los futuros barcos y la planta? Se decidirá en junio y hay dos opciones: Bahía Blanca y Punta Colorada, en Río Negro. Todo indica que este último destino de aguas profundas sería el elegido –a pesar de que en la ciudad bonaerense ya hay infraestructura existente. ¿El motivo? Ubicación estratégica y también algunas ventajas competitivas, como posible quita de impuestos. Como sea, se está definiendo en YPF por estas horas.
Marín asumió y anunció su “plan 4 x 4″, con que espera cuadruplicar el valor de la empresa en los próximos cuatro años. Ese programa se basa en cuatro pilares fundamentales de corto, mediano y largo plazo bajo la premisa de concentrar los esfuerzos en las actividades más rentables para la petrolera estatal. En ese contexto se venderán las “áreas maduras”, para las que ya hay más de 70 interesados inscriptos.
Otros de los pilares son generar una operación más eficiente en el segmento upstream (exploración y producción) y midstream (transporte de petróleo y gas) en el mediano plazo y la planta de GNL.
Mientras tanto, la petrolera analiza la venta de su subsidiaria en Brasil –250 empleados y un negocio de venta de lubricantes– y también la de Chile (gas y combustibles). Y podría hacer lo mismo con su participación en Metrogas y Refinor. Pero no con la empresa de fertilizantes Profertil. Tampoco se desprenderá, según trascendió, de la tecnológica Y-Tec aunque “no se va a dedicar más a estudiar agricultura sustentable, como con la gestión anterior. Se potenciará trabajos como la fabricación de celdas para baterías de litio, infraestructura para hidrógeno y otras nuevas energías para la década que viene”, destacaron cerca de Marín. Tampoco venderán YPF Luz y sus activos en litio, aunque éstos no son relevantes.
La empresa ya aumentó los precios de sus combustibles más de un 50% desde que asumió el nuevo gobierno y asegura que está “cerca de la paridad” con el precio de importación. La recesión impactó fuerte en el negocio: sus ventas en abril cayeron 9% para las naftas y 11% para el gasoil, con respecto a un año atrás.
Presentará el balance del primer trimestre del año esta semana. Será el primero de la era Milei. Allí habrá más detalles para saber los planes y cómo marcha la gestión Marín, quien se anima a pensar en grande en medio de la puja en el Congreso y de una coyuntura económica apremiante.
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