El último jueves, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dispuso el cierre de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Dicha sala ve casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos como, por ejemplo, el denominado Caso Pativilca en el que el exdictador Alberto Fujimori enfrenta juicio oral por presuntamente ser el autor mediato del asesinato de seis personas de la provincia de Barranca.
Hoy se publicó en El Peruano la resolución 000197-2024-CE-PJ, que dispone cerrar el turno de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, a partir del lunes 1 de julio, y redistribuir “toda la carga procesal” de esta sala a otros colegiados de la Corte Superior Nacional, a partir del 1 de agosto.
A partir del 1 de agosto, el colegiado —integrado por los jueces Miluska Cano (presidenta), Otto Verapinto y Helbert Llerena—se convertirá en una Sala de Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Justicia de Puno.
Justamente, según pudo conocer este medio, durante una audiencia celebrada en horas de la mañana de este viernes, uno de los magistrados avisó a las partes presentes que el Consejo Ejecutivo, que preside Javier Arévalo, había dispuesto la desactivación de la sala para agosto, por lo que comunicó que se programarían entre tres y cuatro sesiones por semana durante julio. Ello con el objetivo de poder emitir sentencia antes de la fecha referida.
Según la resolución, los procesos en trámite a cargo del colegiado que preside la magistrada Miluska Cano serán redistribuidos entre las salas nacionales liquidadoras con competencia en delitos relacionados a derechos humanos.
El pedido rechazado
La Corte Superior Nacional solicitó al Consejo Ejecutivo que la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria sea convertida en un Juzgado Colegiado Penal Nacional Transitorio. Pero este pedido fue rechazado debido a que el Poder Judicial, según el Consejo Ejecutivo, está en un “contexto de austeridad y de escasez de recursos financieros”, por lo que el requerimiento “afecta el presupuesto institucional; así como la competencia, objetivo y funcional de los órganos jurisdiccionales penales; asimismo la disponibilidad de plazas jurisdiccionales y de apoyo vacantes”.
La incorporación de un Juzgado Colegiado Penal Nacional Transitorio habría ayudado a reducir la carga procesal de los otros tres juzgados colegiados penales de la Corte Superior Nacional, los cuales únicamente se encargan de llevar adelante la etapa de juicio oral de casos emblemáticos de corrupción de funcionarios, como los sobornos de Odebrecht, y de criminalidad organizada.
¿Y los juicios?
Como se mencionó líneas arriba, una vez que los jueces de la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria tomaron conocimiento de que serían desactivados a partir del 1 de agosto, se dispuso programar más sesiones a la semana para sentenciar casos cuyo juicio está cerca de finalizar. Algunos de estos son el caso de la desaparición forzada del periodista y corresponsal del Diario La República, Jaime Ayala Sulca, y el caso de la masacre de 34 pobladores de Lucmahuayco.
La referida Sala Penal también lleva el juicio oral por el Caso Pativilca, que inició en diciembre de 2023. A la fecha, Vladimiro Montesinos y cinco agentes del Grupo Colina se acogieron a la terminación anticipada del juicio y reconocieron su responsabilidad en la masacre seis pobladores.
La resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial no precisa si la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria deberá seguir desarrollando los juicios que ya iniciaron hasta la emisión de la sentencia. Infobae se contactó con el área de prensa de la Corte Suprema a fin de conseguir alguna respuesta por parte de Javier Arévalo o de algún consejero. Sin embargo, al cierre del presente informe no obtuvimos respuesta.
Anuncian acciones
En diálogo con este medio, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, advirtió que algunos juicios podrían quebrarse si es que el colegiado que preside la jueza Miluska Cano es cerrado y enviado a Puno.
“Como ya oficialmente se desactiva y (la resolución) no dice nada de que ellos tengan que culminar los casos, como en otras resoluciones administrativas que sí se consigna ello. Ellos entienden que tienen que emitir sentencia en julio en los casos que puedan y los otros casos serán redistribuidos. Pero corre el peligro de que el juicio vuelva a fojas cero, nulo todo el juicio, se quiebre todo el proceso porque van a entrar tres magistrados diferentes. Y nuevamente seguimos en ese círculo vicioso de que la justicia sigue dilatándose”, declaró.
Quispe también tildó de “escandalosa” la manera en la que el Consejo Ejecutivo del PJ ha “liquidado” a “la única sala que veía casos de derechos humanos”: “El subsistema de DD.HH. se creó para resolver y terminar los juicios de casos de graves violaciones de DD.HH. cometidos durante el conflicto armado interno. ¿Quién sale perjudicado acá? Las víctimas o los familiares de las víctimas que van a seguir esperando justicia”.
Finalmente, el abogado Juan José Quispe adelantó que enviarán un documento al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, manifestando su malestar como defensa de las partes agraviadas.
“Ni siquiera le han dado tiempo de decirles: ‘Bueno, tantos casos los culminas el próximo año y de ahí otros serán los que verán los casos’. Estamos ante una situación donde puede haber quiebres o que se archive. Bajo ese contexto vamos a pedir explicaciones al Poder Judicial. ¿Por qué argumentando el tema de que no hay presupuesto sí lo hay para otra sala que también ve derechos humanos? No hay una relación objetiva de por qué se está desactivando esta sala. Primero vamos a enviar una carta y luego pedir una entrevista con el presidente del Poder Judicial que espero nos atienda”, indicó.
Quispe señaló que una de las razones para la desactivación de esta Sala Penal sería la posición que tomó el colegiado respecto a que las violaciones a derechos humanos son imprescriptibles.
Unanimidad
La decisión materializada en la resolución 000197-2024-CE-PJ fue adoptada por unanimidad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Integran este órgano Javier Arévalo (presidente), Elvia Barrios, Ramiro Bustamante, Johnny Cáceres y Carlos Zavaleta.
De acuerdo al comunicado enviado en respuesta, el Poder Judicial mencionó que la decisión tomada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial “en nada afecta el trámite de los procesos penales relativos a Derechos Humanos”.
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