Ajuste y ancla fiscal

La compleja herencia que recibió el gobierno de Javier Milei incluye un déficit primario y financiero del Tesoro Nacional equivalente a 6% del PBI.

El Gobierno se ha comprometido con el FMI a corregir el déficit fiscal en 2024 -en sólo un año-, con una serie de políticas. El objetivo es ambicioso, pues no sólo busca eliminar el desequilibrio primario (2,7 % del PBI), sino también el financiero, pudiendo desde 2025 cubrir los intereses de la deuda con la recaudación tributaria, y sin acceso a nueva deuda, ni emisión monetaria.

Como bien destaca Nadin Argañaraz en la red “X”, el “déficit primario de 2023 fue de 2,7% del PBI anual, aumentando 0,4 puntos porcentuales respecto a 2,37% del PBI de 2022. El gasto tuvo baja de 0,6 puntos porcentuales del PBI, pero los ingresos cayeron 1 p.p. del PBI. El déficit total fue de 6% del PBI”.

El siguiente cuadro resume la política reducción del déficit que incluirá en el primer año suba de impuestos (2,9% del PBI en la recaudación) y baja de gastos (3,2% del PBI), según los detalles de la estimación “oficial” presentada por el Ministerio de Economía (con pequeños ajustes).

Cabe aclarar que el ministro de Economía, Luis Caputo, proyectaba un déficit de 5,2% del PBI, por lo que la nueva información con los datos cerrados de 2023 agrava la situación heredada.

Al cuadro oficial se agregó la “normalización de la cosecha” (después de un año de sequía), lo que generaría ingresos tributarios adicionales para el gobierno en 0,7% del PBI.

Del lado de los ingresos:

1) El Gobierno anunció un incremento en la alícuota del impuesto PAIS que aplica a operaciones de compra de divisas. Se fijó en 17,5 % y tendrá una duración de 12 meses (Boletín Oficial, Decreto 29/2023). La mejora en la recaudación se proyecta en 0,8 % del PBI.

2) Se incrementaron en 15% las alícuotas de retención para las exportaciones. Excluye a varias economías regionales y las eleva de 31% a 33% para los derivados de la soja. También delega, al Poder Ejecutivo, la facultad de modificarlas sin pasar por el parlamento. La mejora en la recaudación se proyecta en 0,5 % del PBI.

3) Revertir la reforma del Impuesto a las Ganancias que el ex ministro de Economía Sergio Massa había logrado aprobar en el Congreso, proyecta una mejora de recaudación en 0,4 % del PBI.

4) La moratoria y blanqueo proyectan incrementos de recaudación en 0,5 % del PBI.

Se podrían compensar la pérdida de ingresos proyectados con la normalización en la cosecha, tras la severa sequía del ciclo previo

De estos elementos descriptos, cabe resaltar que los puntos 2, 3 y 4 aun dependen de que el Congreso los apruebe bajo la Ley Ómnibus, aunque se podrían compensar con la normalización en la cosecha, tras la severa sequía del ciclo previo, lo que agregaría a la proyección oficial un incremento en la recursos de 0,7% del PBI.

Para cerrar el tema ingresos, también es importante destacar que el presidente Javier Milei dijo que estas medidas son transitorias dado el contexto de déficit, insistiendo que alcanzados los equilibrios macro Argentina deberá debatir su sistema tributario, simplificando el laberinto fiscal y reduciendo presión tributaria.

Por el lado del gasto:

1) La fórmula de actualización está en debate, y el Gobierno asume que dicha partida tendría en 2024 un ajuste del 0,4 % del PBI.

2) Se cancelan para 2024 las transferencias discrecionales a provincias, lo que por supuesto no afecta los giros automáticos por coparticipación de impuestos. Esta cancelación representa 0,5% del PBI.

3) Se recortan los subsidios económicos a empresas de servicios públicos, lo que tiene como contrapartida un proceso de incremento de tarifas que los compensen. El ahorro aquí se proyecta en 0,7% del PBI, aunque el presidente Milei afirmó que en caso de no salir la Ley Ómnibus, podrá acelerar la reducción para alcanzar el objetivo de terminar con el déficit fiscal.

4) Se aplica un recorte de obras públicas, tanto en iniciar como en interrumpir las que aún no habían iniciado. En un futuro, las licitaciones tomarán un carácter “público-privado”, donde el Gobierno definirá las obras y los privados las financiarán y concretarán, recuperando el capital con los ingresos que genera la actividad -como peajes-, como ya ha ocurrido en nuestro país en los años 90, y también en otros países de la región. El ahorro aquí representa 0,7% del PBI.

5) La reducción de programas sociales con intermediarios se proyecta en 0,4% del PBI, si bien se debe aclarar que se mantendrán los planes de ayuda estatal para desempleados (plan Potenciar Trabajo) según lo establecido en el Presupuesto 2023 y se fortalecerán las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, como la Asignación Universal por Hijo y la denominada Tarjeta Alimentar, que permite comprar alimentos a los sectores más vulnerables.

¿Es viable pensar en una Argentina que inicie el 2025 sin déficit fiscal y financiero? En principio sí

6) El recorte de otros gastos de funcionamiento se estima en 0,5 % del PBI, lo que incluye la reducción del número de Ministerios (de 18 a 9), de Secretarías (de 106 a 54), de sub-secretarías y direcciones nacionales. Esto permitirá una reducción del 50 % de los cargos jerárquicos en la Administración pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado nacional.

7) Tampoco se renovarán los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. Se trata concretamente de eliminar los nombramientos del pasado gobierno en la etapa de campaña. Y se suspende por un año la pauta oficial, es decir la publicidad del Gobierno nacional en los medios de comunicación.

¿Es viable pensar en una Argentina que inicie el 2025 sin déficit fiscal y financiero? En principio sí, aunque está claro que el actual debate parlamentario tiene una discusión determinante por delante.

El ajuste fiscal resulta esencial en el plan económico del gobierno, al que ha calificado de “ancla fiscal”, lo que permitirá no continuar monetizando el déficit, para alcanzar en consecuencia el ordenamiento monetario y cambiario.

El autor es Profesor de Macroeconomía y Director del Posgrado en Economía Institucional y Ciencias Políticas de Ucema