José Luis González Meza, uno de los abogados defensores en México del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, acudió este martes a la Fiscalía General de la República(FGR) para interponer una denuncia penal contra el ex presidente Enrique Peña Nieto y cuatro funcionarios de su administración.
El abogado explicó que se tomó la decisión de presentar la denuncia luego de que se encontraron supuestas fallas procesales e irregularidades en el proceso de extradición del capo a los Estados Unidos.
La denuncia incluye a los ex secretarios de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, así como al ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes y a Renato Sales Heredia, ex comisionado Nacional de Seguridad.
Luego de entregar la denuncia en las instalaciones de la FGR, González Meza explicó que los funcionarios "violentaron" cuatro amparos que había ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y agregó que tampoco respetaron los tratados de extradición ni lo establecido en la Constitución.
"El Chapo Guzmán no estaba a disposición del Poder Ejecutivo, estaba a disposición de los jueces de distrito y de la Suprema Corte de Justicia. Pisotearon a la SCJN y cometieron una serie de errores, tanto el gobierno de Peña Nieto como el de Estados Unidos", explicó el litigante ante los medios de comunicación.
"La denuncia es por los perjuicios causados al 'Chapo' Guzmán al ser entregado indebida e ilegalmente, violándose la Constitución y los amparos que todavía siguen vigentes así como también los tratados de extradición entre México y Estados Unidos", agregó.
De acuerdo con su visión del proceso penal, los políticos involucrados podrían ser procesados por la comisión de delitos como secuestro, abuso de autoridad y responsabilidad oficial.
"Este es el primer paso, la semana entrante vendremos a ratificar la denuncia e inmediatamente serán citados todos y cada uno de los denunciados para que comparezcan a declarar", advirtió.
González Meza presentó como prueba las dos cartas de entrega-recepción que el Gobierno extendió a representantes de la embajada de Estados Unidos en México, donde supuestamente se había pactado que Guzmán Loera iba a ser juzgado en el sur de California, en San Diego y el Paso, Texas.
Argumentó que al realizarse el juicio en una corte de Nueva York se "violentó" la Ley de Extradición y el Tratado de Extradición México-Estados Unidos, y añadió que Guzmán Loera debió haber sido juzgado en México por los ochos delitos que motivaron su captura, antes de ser extraditado.
Explicó que en un apartado de dicho tratado, supuestamente se especifica que si en 60 días el extraditado no es presentado ante la autoridad correspondiente, este puede quedar inmediatamente en libertad. "Ya han pasado dos años y no está en libertad".
Por otro lado, aprovechó para agradecerle al presidente Andrés Manuel López Obrador que apoyara a la madre y a las hermanas del capo para que pudieran visitarlo en Estados Unidos.
"La primera misión que tengo es agradecerle al presidente Andrés Manuel López Obrador el apoyo brindado a la familia del Chapo Guzmán, en especial a su madre, la señora Consuelo y a sus hermanas. Gracias a nombre de la familia por todo el apoyo brindado", dijo antes de explicar que el actual Gobierno de México puede exigir la repatriación de Guzmán Loera.
Soborno de USD 100 millones
Durante el juicio que se le siguió al ex jefe del Cártel de Sinaloa en Nueva York, Alex Cifuentes, un ex colaborador del capo y testigo de la Fiscalía, aseguró que el capo le habría pagado USD 100 millones en sobornos al ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto. La entrega del dinero se habría realizado en octubre de 2012, según detalló en su cuenta de Twitter el periodista Alan Feuer, de The New York Times.
De acuerdo con la encuestadora Parametría, siete de cada diez personas (73 %) considera que "El Chapo" sí sobornó a políticos mexicanos. Solo dos de cada 10 personas creen que son falsos los señalamientos.
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