El exministro socialista José Luis Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto del Congreso, ha pedido a su antiguo compañero en el Gobierno, el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, que actúe para frenar la "infiltración de la extrema derecha" en las Fuerzas de Seguridad y lo ha hecho tras el acuerdo sellado entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Desokupa por el que esta empresa especializada en desalojos extrajudiciales ofrecerá formación en defensa personal a 30.000 policías.
En un mensaje lanzado en su cuenta de X, Ábalos expresa su "profunda preocupación" por esta situación pues constituye que la presencia de la extrema derecha, "como movimiento organizado", en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "constituye una grave amenaza para el sistema por cuanto buscan ser hegemónicos en su seno".
"Por ello, es clave frenar que instrumentalicen cualquiera de las organizaciones policiales (públicas y privadas) y es imprescindible trabajar con policías y guardias civiles comprometidos con la democracia", enfatiza el que fuera ministro de Transportes.
Ábalos ha registrado en el Congreso una batería de preguntas escritas al Gobierno, recogidas por Europa Press, en las que recuerda a Interior que legalmente es su responsabilidad "velar por una correcta formación de los agentes "con arreglo a los principios y valores democráticos".
Por eso quiere saber si la práctica de los sindicatos de ofrecer "cursos de formación complementaria de forma extraoficial/parapolicial está legitimada o es supervisada" por el departamento que dirige Grande Marlaska.
INVESTIGAR SU PRESENCIA EN TODOS LOS CUERPOS
En este contexto, pregunta si ha abierto algún expediente o investigación para determinar la "legalidad" y, en su caso, las "responsabilidades" que se puedan derivar de ese acuerdo suscrito por el SUP y también si ha tomado alguna medida para "prevenir y mitigar la infiltración y presencia de la extrema derecha en los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del país".
En concreto, recalca que las Fuerzas de Seguridad están "obligadas a mantener la neutralidad política" y pide al Gobierno que haga como Alemania e investigue la presencia de elementos de extrema derecha en también en el seno de las policías autonómicas y locales en colaboración con las autoridades correspondientes.
"El Gobierno central, los autonómicos y los locales deben actuar a fondo contra las actuaciones que sean incorrectas en el marco de las ideologías que fomentan la difusión de bulos y exaltan la violencia, el racismo, la xenofobia, la homofobia y la misoginia", plantea el exministro socialista.
POLICÍAS EN DESOKUPA
En otra de su preguntas Ábalos se hace eco de las palabras del representante del sindicato en Asturias, Pablo Rojo, y exige al ministerio que aclare si sabe si entre los instructores de los cursos que impartirá Desokupa "existen miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
Asimismo, le pide explicaciones por haber permitido que "mandos y miembros" de las Fuerzas de Seguridad "se anuncien en redes sociales como instructores de Desokupa y de otros "grupos radicales de formación parapolicial/paramilitar en autodefensa" como han denunciado medios de comunicación.
También aspira a saber qué va a hacer el Gobierno para evitar que los sindicatos policiales sean "catalizadores de dinero público a organizaciones o entidades empresariales de corte radical y violento como en el caso de Desokupa".
En este sentido, apunta la conveniencia de regular las financiaciones alternativas a las que recurren los sindicatos policiales al margen de las subvenciones que reciben del Estado para que no se conviertan en "plataformas o entidades pseudoempresariales ideológicas con ánimo de lucro para captar recursos económicos fuera de las fuentes públicas".
USO ILEGÍTIMO DE BASES POLICIALES
Asimismo, demanda "medidas para prevenir y detectar el acceso arbitrario y el uso ilegítimo de las bases de datos policiales por parte de miembros de las Fuerzas de Seguridad afines a movimientos de ultraderecha".
Ábalos también pide opinión a Interior sobre las declaraciones de la secretaria general del SUP, Mónica García, quien justificó el acuerdo con Desokupa por la existencia de "un problema en las calles" porque hay una "violencia desmedida" y los agentes han "perdido la autoridad" y pregunta a Marlaska si va actuar contra los representantes del SUP que siguen insistiendo en que los cursos que dará Desokupa son "baremables o puntuales de cara a movimientos internos" aunque no tengan "carácter oficial".
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